Los extrabajadores de la fábrica de armas vinculados a UGT presentarán un recurso de reposición contra la adjudicación de la planta a Hércules de Armamento después de que el Ministerio de Defensa archivase el martes 9 de diciembre la denuncia presentada por estos miembros de la antigua plantilla.

De ello informó ayer el presidente del antiguo comité de empresa, Roberto Teijido, que defendió su versión de que la adjudicación de la factoría "estuvo amañada". Los operarios habían denunciado un posible fraude fiscal por parte de los ganadores del concurso público y un incumplimiento de las obligaciones tributarias de la compañía.

Esta última semana fue prolífica en cuanto a notificaciones de la administración sobre la factoría. El Tribunal Supremo anunció a los extrabajadores que debatirá el próximo 21 de enero el recurso de antiguo comité de empresa contra el cierre de la fábrica y el despido de la plantilla decidido por la anterior concesionaria, la multinacional norteamericana General Dynamics.

El nuevo delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, también respondió este lunes a un escrito enviado por los extrabajadores sobre las presuntas "irregularidades" fiscales de la empresa e informó de que las denuncias ya habían sido remitidas a la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Galicia, que ya está realizando "las actuaciones pertinentes".

La adjudicación de la factoría llegó ayer al Congreso a través del exdelegado del Gobierno y diputado en la Cámara Baja, Miguel Cortizo. El socialista advirtió al ministro de Defensa, Pedro Morenés, allí presente, de que "puede acabar siendo cómplice" de una posible operación especulativa y cargó contra la mesa de adjudicación del Ministerio por haber dado la concesión a una empresa "sin solvencia ni proyecto industrial" y con un entorno "en el que figuran personajes turbios imputados en operaciones de corrupción".

En respuesta, Morenés retó a Cortizo a llevar a los juzgados la adjudicación si los socialistas tienen "dudas" sobre el concurso. "El concurso se ha hecho perfectamente", señaló el ministro, que aseguró que la intención de Defensa fue, en todo momento, permitir el desarrollo de un proyecto "beneficioso para la defensa nacional".

No es la primera vez que desde el PSOE vierten acusaciones sobre las relaciones de Hércules con imputados. El portavoz de la formación en el Parlamento gallego, José Luis Méndez Romeu, situó en el entorno de la adjudicataria a Carlos Silva, un antiguo directivo del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) que fue imputado en el marco de la operación Pokemon. Una relación que desde la compañía negaron. Semanas más tarde, el que había sido presentado como abogado de la empresa, Sergio Diéguez Sabucedo, fue imputado en la operación Zeta, la presunta trama corrupta de fraude de subvenciones.

Los extrabajadores de la planta anunciaron que se concentrarán en María Pita el próximo 22 de diciembre, coincidiendo con el pleno.