La Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas entró en vigor el 28 de junio de 2013, pero el Gobierno local no comunicó a los afectados hasta esta semana de que su contenido obliga al Ayuntamiento a suspender la expropiación de bajos comerciales y viviendas para permitir la instalación de ascensores en los edificios.

Para llevar a cabo estas iniciativas, mediante la Ordenanza de Conservación y Rehabilitación de Inmuebles, el Concello se amparaba en la Ley de Economía Sostenible y en la de Vivienda de Galicia y declaraba "de utilidad pública" la expropiación forzosa de terrenos y partes de edificación para instalar ascensores, siempre que se demostrase que no había otra solución técnica posible.

Con la nueva ley de rehabilitación, el Ayuntamiento considera "derogado" el artículo 111.5 de la Ley de Economía Sostenible y señala que la nueva legislación solo permite ocupar "superficies comunes de uso privativo" cuando no resulte viable otra solución técnica y añade que el texto legal "no especifica espacios privativos de locales o viviendas".

La resolución que el Ayuntamiento notifica a los afectados menciona que solo se efectuarán expropiaciones para los casos en que se acometa una rehabilitación del edificio y cuando la instalación de los ascensores figure en los planes municipales de rehabilitación. Otra de las posibilidades que se citan es que la superficie solicitada para el aparato sea de propiedad común pero cuyo uso corresponda a uno de los vecinos, aunque esto excluye a los locales y las viviendas situadas en la planta baja de los inmuebles, que suponen la inmensa mayoría de los casos.

Los propietarios que habían presentado solicitudes para que la administración municipal ejecutase expropiaciones en sus inmuebles están recibiendo estos días comunicaciones en las que se les informa de que esa fórmula ya no podrá utilizarse para resolver el problema de la falta de espacio para colocar la caja del elevador. Con esta decisión, los vecinos que se topen con la negativa del dueño del bajo a ceder suelo para la instalación del aparato tendrán que recurrir a la vía judicial, sistema que se empleaba antes de que el Ayuntamiento optase por acometer las expropiaciones que le solicitasen los perjudicados por estas situaciones.

La primera de las expropiaciones tramitada se aprobó en julio de 2013, solo unos pocos días después de que se publicase la ley estatal que impide llevarlas a cabo, aunque el Gobierno local, que eludió ayer exponer su versión sobre este caso, no informó hasta ahora sobre las consecuencias para los afectados.

María Daviña, abogada que tramitó varias expropiaciones y que tiene otras en curso, destaca los perjuicios que sufrirán los propietarios cuyas solicitudes quedarán denegadas, ya que han tenido que encargar un informe técnico de expropiación que tiene un coste mínimo de 700 euros y además invertir un largo tiempo en la tramitación. "Tengo decenas de llamadas de vecinos que se echan las manos a la cabeza pensando que tienen que volver a empezar desde el principio", manifiesta esta letrada, que explica que el proceso dura casi un año porque los propietarios de los bajos tratan de dilatar los trámites todo lo posible para retrasar la expropiación.

Daviña recibió el pasado miércoles la notificación del Ayuntamiento sobre la suspensión de las expropiaciones. Esta abogada proyecta presentar alegaciones a la resolución municipal porque hay expropiaciones que presentó a principios de este año y para la que le requirieron documentación basándose en la ley anterior, cuando ahora le deniegan las solicitudes y ni siquiera le analizarán la documentación.

El Gobierno local manifestó en varias ocasiones que la mayoría de las expropiaciones solicitadas no llegan a ejecutarse porque los propietarios de los bajos aceptan un acuerdo cuando se inician los trámites ante la amenaza de ser expropiados, pero María Daviña detalla que las cuatro operaciones de este tipo que le fueron aprobadas hasta ahora tuvieron que llegar hasta el final.

El Gobierno local no ha informado de cuántas expropiaciones realizó para instalar ascensores, pero en septiembre de 2013 había iniciado doce expedientes y tenía dos aprobados de forma definitiva, mientras que cinco más disponían de la aprobación inicial. A estas solicitudes hubo que sumar otras 25 que fueron rechazadas por no haber presentado la documentación necesaria, no cumplían los requisitos exigidos por el Ayuntamiento o porque tras iniciarse el procedimiento los propietarios alcanzaron finalmente un acuerdo.