El Concello no sale bien parado a la lupa del Ministerio de Hacienda. La Ley de Morosidad fija en 30 días el plazo de pago de las administraciones a los proveedores y A Coruña está lejos de cumplirlo, siendo además, con Valencia, el peor pagador entre los grandes municipios españoles. Es por estos deberes sin hacer que el departamento de Cristóbal Montoro le obligará a acogerse a un plan de rescate para corregir la situación. Eso sí, a cambio de una supervisión estatal sobre sus decisiones económicas futuras.
El anuncio llegó en la víspera de Nochebuena y a cinco meses de las elecciones municipales. Horas antes de que el ministro se reuniese con los responsables de Hacienda de las comunidades autónomas, Montoro mantenía un encuentro con los representantes de las entidades locales para presentarles nuevos instrumentos de rescate, basados en la financiación a interés cero del Tesoro durante el año 2015.
De los 820 millones de liquidez que el Gobierno central estima que destinará a esta inyección municipal -podría ampliarse a 1.000-, un total de 326 millones están destinados a 14 municipios españoles de más de 75.000 habitantes que incumplen los tiempos de pago a proveedores. Según los datos del Ministerio de Hacienda publicados el pasado lunes, A Coruña tiene el segundo mayor periodo medio de pago, con 39,7 días, solo por detrás de Valencia (48,18 días). En Vigo se sitúa en 12,16 días. Los datos del mes anterior eran todavía peores, revelándose como el gran ayuntamiento peor pagador de todo el Estado, con 44,84 días de media.
La decisión está tomada y los planes serán aprobados con toda probabilidad en el Consejo de Ministros de hoy. A Coruña se acogerá a este fondo de forma obligatoria y, por tanto, se financiará con el Tesoro con intereses a tipo cero tanto para la nueva deuda -no habrá operaciones de crédito con los bancos- como para las amortizaciones de la existente.
Será un ahorro importante en cuanto al pago de intereses a los bancos al dejar en manos del Tesoro los vencimientos de deuda y los préstamos del ejercicio que viene pero tiene contrapartida. ¿Cuál? Que el Ministerio de Hacienda mantendrá un control económico sobre las operaciones que realice el Concello coruñés, su finalidad y su desarrollo, que tendrán que contar con el visto bueno en todo momento del Gobierno central para que no se siga ahondando en el problema de impago. Con su aprobación en el Consejo de Ministros se conocerán también los detalles y letra pequeña de dicha supervisión.
Dentro de los 820 millones de euros, hay además una parte de 364 millones en este "fondo de ordenación" pensada para 233 entidades con "auténticos problemas" para cumplir los baremos de déficit y de deuda. Los municipios cumplidores con deuda, déficit y pago a proveedores, alrededor de 700, dispondrán de 130 millones en total de un "fondo de impulso económico", para refinanciar su deuda de 2015 al 0% de interés a través de la presentación de planes de inversión "sostenibles" y sin condicionalidad.
Prórroga de 20 años
El Concello coruñés se beneficiará de otra de las decisiones anunciadas a los municipios españoles por parte del Ministerio de Hacienda. Finalmente, todos los ayuntamientos, sin excepción, se podrán acoger a la prórroga de diez años para saldar la deuda que mantienen con el Estado por las liquidaciones negativas de los ejercicios de 2008 y 2009. En el caso de A Coruña quedan por pagar 16 millones de euros.
Este importe responde al desfase entre lo que las arcas municipales recibieron del Estado en esos dos ejercicios, como adelanto de la futura recaudación de impuestos, y lo que realmente se pudo ingresar a través de los tributos estatales ya con la crisis encima. El Gobierno central había anunciado en septiembre que solo podrían acogerse a esta demora los concellos que cumpliesen los criterios de estabilidad presupuestaria. Se planteaba un problema entonces para el Concello coruñés, puesto que sus cuentas habían sido suspendidas por el departamento de Montoro, algo que el Gobierno local achacaba a una "ilusión contable" producto de la diferencia de método "entre la contabilidad municipal y estatal".
Finalmente, todos los municipios sin excepción podrán solicitar la ampliación de abono de las mensualidades, iniciado en 2012, hasta las dos décadas. Esta cantidad no se devolvía como tal, sino que era retraída de las aportaciones periódicas del Estado al Ayuntamiento.
