Los juzgados de A Coruña están saturados. La carga de trabajo que soportan está muy por encima de la que recomienda el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y, el próximo año, la situación será similar, pues el Gobierno se niega a crear más unidades judiciales en A Coruña debido a los recortes presupuestarios. De hecho, solo prevé la constitución de tres juzgados de lo Penal, ninguno de ellos en Galicia. La juez decana de A Coruña, María Teresa Cortizas, alerta de que los órganos existentes son "insuficientes", sobre todo en las jurisdicciones Social y Mercantil, debido al incremento de casos relacionados con temas laborales y empresariales ligados a la crisis.

La solución que propone el Ejecutivo central es reforzar los juzgados existentes con magistrados y secretarios, una medida que la representante de los jueces coruñeses rechaza. "No se vislumbra como una solución adecuada, por cuanto la oficina judicial de ese órgano no se ve en muchos casos reforzada y ha sido creada para el ritmo de trabajo de un solo juzgador", señala Cortizas, al tiempo que denuncia que los tres refuerzos que en la actualidad hay en A Coruña se renuevan trimestralmente, lo que impide "llevar un ritmo de señalamientos adecuado". Esta situación provoca la suspensión de algunas de las comparecencias ya fijadas, "de modo que el ciudadano percibe un anormal funcionamiento de la Justicia que viene provocado por un factor ajeno a la misma", destaca Cortizas.

Uno de los problemas que más preocupa a la portavoz de los jueces de A Coruña es el volumen de trabajo que registran los órganos de lo Social. "Es preocupante porque el colectivo al que afecta, los trabajadores, se encuentran doblemente castigados, por la situación económica y por la respuesta tardía de la Justicia", recalca.

La magistrada admite que la ley de tasas provocó un descenso del número de asuntos que entran en las jurisdicciones Contencioso-administrativa y Civil, pero puntualiza que el descenso "no ha sido el previsto" ni los casos "han disminuido como se dice". Además, añade: "El descenso no ha sido tan significativo y se produce en determinadas jurisdicciones. Si lo que pretendemos es dar una respuesta rápida y ágil al ciudadano, entiendo que la solución no es la espera en el descenso de la entrada de asuntos, sino una dotación de los medios materiales y personales junto con un proyecto serio de mejora de la Administración de Justicia".

La apuesta de los jueces, según explica Cortizas, es crear un proyecto o un pacto de Estado para la Justicia que determine unos objetivos "a medio y largo plazo". Así, la magistrada reclama que especifique "si se implantan definitivamente las nuevas tecnologías" para poner en marcha el expediente judicial electrónico, así como "el modelo de instrucción penal" que se quiere.

En la memoria del año 2013 sobre la actividad judicial en la comunidad, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia exigió la puesta en marcha de un nuevo juzgado de lo Social en A Coruña, ciudad en la que además se halla uno de los órganos judiciales con mayor saturación, el de primera Instancia número 8, que padecía una sobrecarga del 205%, mientras que el Mercantil número 1 llegó al 204% a causa del concurso de acreedores de Martinsa-Fadesa; y el de Primera Instancia número 5, al 202,9%. Además de estos órganos, los cinco de lo Social también superaron el 150% de actividad sobre el módulo, así como el 2 de lo Mercantil, y los 2, 3, 6, 9, 11 y 13 de Primera Instancia.