El año 2005, como 2015, empieza revuelto en María Pita. Hace diez años, la plantilla del Concello se preparaba para organizar la que sería su primera asamblea de trabajadores en trece años.

Entonces, el Gobierno local [con mayoría socialista] se negaba a negociar la revisión de la situación laboral y salarial de los 1.200 funcionarios municipales. Los sindicatos CSI-CSIF -siglas bajo las que se presentaba el Sindicato Profesional de la Policía Local- y la CIG se unieron la segunda semana de enero para intentar convocar una asamblea informativa entre los empleados municipales.

Frente a estas dos fuerzas se pusieron Comisiones Obreras y UGT que, con sus votos en contra, impidieron que la convocatoria partiese de la junta de personal. Comisiones alegaba que era más productivo organizar asambleas en centros y departamentos que una sola cita a la que estuviese citada toda la plantilla municipal.

El resultado de la votación fue de nueve manos levantadas en contra de que se realizase la reunión informativa y siete, las de CIG y CSI-CSIF a favor de que se desarrollase. A un lado se echaron los dos delegados del Grupo Independiente de Funcionarios que no asistieron a la sesión extraordinaria de la junta de personal.

La asamblea se celebró, finalmente, el 31 de enero, bajo el paraguas de CSIF y CIG y en ella participó algo más de la décima parte de la plantilla, unos 140 empleados de los 1.200 que componían la plantilla. En esta reunión, los asistentes acordaron que exigirían al Gobierno local la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), un documento en el que se especificase las funciones de cada una de las categorías laborales del Ayuntamiento. Acordaron también que solicitarían que los funcionarios pasasen a cobrar el complemento específico más alto que se pagaba en el Concello dentro de su escala laboral para eliminar, de ese modo, las diferencias salariales existentes entre la plantilla.

Y es que, entonces, según explicaban los representantes de CSIF, Manuel Aceña, y de la CIG, Roberto Tizón, había casos de trabajadores a los que Gobierno local abonaba el doble de dinero por complemento específico de lo que pagaba a otros empleados con la misma escala y función.

La lucha por la Relación de los Puestos de Trabajo empezó ahí, pero no se cerró hasta el año siguiente. El 1 de febrero de 2006, los empleados municipales se manifestaron por primera vez en quince años. Pedían que la RPT recogiese las diferencias existentes entre funcionarios. Esta manifestación estaba apoyada ya por CSIF, UGT, CIG y Comisiones Obreras. Fue la primera de otras muchas acciones encaminadas a reclamar más igualdad entre empleados municipales. A mediados de febrero se produjo una gran caravana que colapsó el centro, cuando ya sindicatos y Gobierno local se habían sentado a negociar, pero esa relación se rompió tan solo unos días después, ya que la entonces concejal de Empleo, Nieves Vázquez, calificó de inaceptable una propuesta presentada por CSIF, ComisionesObreras y CIG en la que se incluía un ultimátum en el que se amenazaba con una manifestación si no se firmaba su oferta.

La marcha del exalcalde Francisco Vázquez se hizo entre las protestas de los funcionarios. La llegada de su sucesor, Javier Losada, no dulcificó la situación y fue en abril cuando, finalmente, el Concello aprobó su propuesta laboral con el apoyo solo de UGT, ya que Comisiones, CSIF y CIG se echaron a un lado.

Las tres centrales sindicales seguían decididas a luchar por eliminar esa brecha de hasta 900 euros que separaba a empleados municipales con la misma función en el Ayuntamiento. Y no se arredraron. Hicieron marchas, protestas, pidieron al Defensor del Pueblo -entonces, Henrique Múgica- que investigase la política laboral del Ayuntamiento y, después, iniciaron una campaña en la que seguían al alcalde, Javier Losada, para reventarle los actos con pitidos, gritos y bocinazos. El regidor expedientó a cuatro empleados por protestar en la inauguración de la reforma del parque de Santa Margarita y calentó los ánimos días después, al pasearse frente a los funcionarios en la inauguración de la plaza de Lugo.

Las tornas cambiaron en marzo de 2007, cuando los funcionarios decidieron acampar en el Obelisco hasta las elecciones municipales y con los comicios sindicales a la junta de personal, que ganó el CSIF. En octubre de 2007 llegó, por fin, la paz en el sector público.

Ayuntamiento y CSIF, CIG, UGT y Comisiones Obreras firmaron un acuerdo en el que acordaban el fin de las movilizaciones. Para entonces, ya había cambiado el Gobierno local, que seguía con el socialista Javier Losada en la Alcaldía, pero que integraba al BNG en las concejalías.