El casco histórico de A Coruña despide sin pena el plan especial de 1998, un documento que los arquitectos califican de "vergonzoso" y al que acusaron de estar regido por intereses meramente comerciales. El pleno aprobó ayer el nuevo texto que ha de regir la teórica recuperación del ámbito y de sus zonas más degradadas, como Pescadería, durante más de una década, con independencia de quien gobierne. El plan, sin embargo, solo contó con el visto bueno del Ejecutivo local, que usó el rodillo de su mayoría absoluta y que defiende que es una norma de "consenso" social que permitirá ocupar un 88% de las viviendas en doce años. El PSOE se abstuvo y el BNG votó en contra, entre acusaciones al alcalde de obrar un cambiazo de corte especulativo en las últimas versiones del texto. El edil de EU se ausentó del pleno por motivos de salud.
El concejal de Urbanismo, Martín Fernández Prado, considera que hay un "cambio claro" respecto al documento anterior, el primero que había tenido la ciudad y que aprobó el Gobierno socialista de Francisco Vázquez. Desde 1998, relató, en el ámbito del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Ciudad Vieja y Pescadería (Pepri), desaparecieron un total de 94 inmuebles dentro de las fronteras del centro histórico coruñés.
El espíritu, proclamó el responsable del departamento municipal, es tener un plan con "flexibilidad" que combine el uso residencial con utilidades comerciales y hosteleras para hacer una zona "más atractiva". Busca, añadió en su presentación, "la integración del ámbito en el conjunto de la ciudad". Fernández Prado destacó las seis ordenanzas destinadas a regularizar de forma singular los espacios del Pepri: Ciudad Vieja, Atochas-O Derribo, Pescadería Norte y Sur, Ensanche y la novedad de las Áreas Urbanas Renovadas (zonas de edificios nuevos con alturas disconformes que quedan legalizadas en la nueva normativa).
El plan, se compromete el edil, incluye un programa de rehabilitación de 12 años, lo que supondría actuar sobre el 20% del parque edificado: 334 edificios, de los que 290 están catalogados. De ellos, 117 están en mal estado y 173, "regular" y otros 44 no están catalogados, son anteriores a 1960 y su estado también es "regular". Si se alcanza esta meta, se pondrían en uso 519 viviendas elevando la ocupación al 88%.
La oposición no ve un futuro tan idílico, después de que, según reprocharon, el Gobierno municipal decidiese proceder a realizar una serie de cambios en el documento que se aprobó inicialmente en diciembre de 2012, la mayoría de ellos relajando las restricciones de protección en cuanto a las obras que se pueden realizar, la regularización del fuera de ordenación (a través de las Áreas Urbanas Renovadas) y los usos que se pueden desarrollar ahora en los inmuebles históricos. Tanto el BNG como el PSOE destacaron que la Dirección Xeral de Patrimonio, dependiente de la Consellería de Cultura, tuvo que echar el freno a algunas de las modificaciones introducidas y hacer volver al Gobierno municipal a criterios anteriores.
La portavoz del grupo municipal del PSOE, Mar Barcón, denuncia que ha habido un "cambios y cambiazos" en el texto. "No solo desvirtúa el espíritu del plan especial, sino también la conservación del patrimonio". "Y Patrimonio les ha dicho que no", recordó Barcón, refiriéndose por ejemplo a la agregación de parcelas -que Cultura veta en el ámbito Bien de Interés Cultural y su zona de respeto- y explicando que Patrimonio ha impuesto que las buhardillas se retiren un metro de la línea de fachada para evitar lo que, consideró, eran un intento de "legalizar" pisos fuera de ordenación en inmuebles protegidos. El PSOE se abstuvo al entender que siguen existiendo modificaciones materializadas por el Ejecutivo a las que la Xunta no ha dado marcha atrás y que siguen suponiendo un "grave daño" a la hora de preservar la zona histórica. Fernández Prado respondió a Barcón que su partido fue responsable del desastroso plan especial anterior.
El portavoz municipal del Bloque Nacionalista Galego, Xosé Manuel Carril, acusó al Gobierno local de intentar ignorar las órdenes dadas por Patrimonio. "No fueron incorporadas las siguientes condiciones ya señaladas", reprende la Xunta en un informe leído en alto en la sesión por Carril, que recordó que el dictamen, por tanto, es "favorable" pero "condicionado" a que se respeten las obligaciones del Gobierno gallego.
"El documento aprobado en diciembre es totalmente diferente, no solo por causa de las alegaciones, sino por cambios introducidos a propósito por el Gobierno local; casi se puede decir que es un nuevo documento, con la imposición del Gobierno local al equipo redactor, que lo empeora aún más", censuró el concejal nacionalista en uno de sus turnos de palabra.
