La transferencia de la antigua cárcel provincial de la Torre ha dado un nuevo paso adelante en las instancias judiciales. El Ministerio de Interior ha presentado en las últimas semanas un recurso ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Gobierno municipal de anular de oficio el convenio firmado en 2005 entre el Concello y el Ministerio, en el que se recogían las condiciones para que el penal volviese a titularidad municipal.

El acuerdo obligaba al Ejecutivo local a ceder unos terrenos en las inmediaciones de la Torre para instalar el Centro de Inserción Social Carmela Arias y Díaz de Rábago, ya operativo, así como a pagar 1,2 millones de euros, cantidad equivalente a la diferencia del valor del terreno intercambiado.

El actual Gobierno municipal decidió anular el convenio amparándose en el convenio firmado en 1925 con el Gobierno central, en el que se establecía que los terrenos eran cedidos con la finalidad de levantar un penal. Al estar actualmente sin uso, el Concello entiende que no debe abonar ni un solo euro y que las instalaciones pueden volver a titularidad local de manera gratuita. El Consello Consultivo de Galicia ha avalado la decisión municipal.

El decreto municipal fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 25 de noviembre y en él también se desestimaban las alegaciones al acuerdo de la Junta de Gobierno de rescindir el convenio presentadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), sociedad titular del complejo y dependiente de Interior y del Ministerio de Hacienda.

El Gobierno municipal ha remitido a la Audiencia Nacional el expediente de anulación de este convenio de 2005, después de que el 20 de enero le fuese requerida la documentación por parte de la Sala de lo Contencioso-administrativo del alto tribunal.

Las instalaciones de la antigua cárcel provincial se encuentran actualmente sin ningún tipo de uso y en estado de semiabandono. La SIEP contrató en los últimos meses el mantenimiento y limpieza de la cárcel después de que el Concello exigiese la presentación de la Inspección Técnica de Edificaciones (ITE). La reacción municipal llegó después de varias denuncias de vecinos del barrio que alertaron de la aparición de grietas, caída de cascotes e incluso de la aparición de una colmena de abejas que afectaba a los usuarios del parque situado junto al penal.

Durante el pasado año, ejercicio en que se limpiaron los tejados de la cárcel, la SIEP invirtió en el penal de la Torre la mitad de lo gastado durante 2014 en el mantenimiento de los 19 penales sin uso que gestiona, destinando un total de 200.000 euros al coruñés.