El Gobierno independiente de Oleiros fue pionero en Galicia en julio de 2014 y el Gobierno del Partido Popular en A Coruña acaba de seguir sus pasos: ha pagado 7.018 euros a la conocida asesoría urbanística Lumieira Gestión para que adapte el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) a la Lei de Vivenda de la Xunta que permite rebajar el porcentaje de reserva de suelo para vivienda de protección. El planeamiento coruñés actualmente tiene fijado este porcentaje en el 41% de la edificabilidad residencial y lo que quiere es recortarlo hasta el "índice fijado por la Xunta", que para este año 2015 es del 8,26%. La reducción por lo tanto sería del 79,8%.
Tras la Lei de Vivenda de la Xunta de 2012 los concellos pueden rebajar su porcentaje de vivienda protegida y adaptarla a la demanda real, es decir, teniendo en cuenta el número de personas inscritas en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda Protexida de la Xunta. El Ejecutivo gallego, cada año, aprueba un porcentaje mínimo para cada concello y para A Coruña fijó para 2015 un 8,26% (la media gallega se estableció en un 4,71%). El registro de demandantes de A Coruña contabilizaba ayer a 2.358 personas como solicitantes de vivienda protegida, pública o privada, en alquiler o venta.
A Coruña, al igual que hizo Oleiros, ha elegido al despacho de asesoría urbanística Lumieira, al que recurren habitualmente los grandes promotores como Manuel Jove o José Collazo Mato. En A Coruña esta asesoría jurídica ha redactado un gran número de proyectos urbanísticos como los del recinto ferial, San Amaro y Vío.
El concejal de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Martín Fernández Prado, ha sido el que resolvió realizar este contrato menor con Lumieira Gestión, que debe estar entregado en dos meses. Ayer, el Gobierno local rechazó atender a este periódico y explicar por qué ha tomado esta decisión.
Oleiros, en 2014, pudo rebajar su porcentaje hasta el mínimo que le fijó la Xunta para ese año, un 3,42%, optó por una cifra un poco más elevada, un 10%, mientras que el concejal Fernández Prado ha ordenado ya en su resolución que directamente la rebaja se deje "en el índice fijado por la Xunta", un 8,26%.
La memoria del PGOM aprobado en 2013 ya avisaba de que podría producirse esta rebaja. "Los porcentajes de vivienda anteriores podrán ser reajustados por el pleno del Ayuntamiento en función de la demanda potencial real", señalaba el Ejecutivo en la página 24.
El plan general no es el único que anticipaba esta reducción de vivienda protegida, también se cita en la memoria de la modificación del plan parcial del sector del Ofimático, aprobada en diciembre de 2014. En este documento se señala que el plan general marca un 50% de edificabilidad residencial para vivienda de protección oficial en esta urbanización pero "en previsión de que dicho porcentaje pueda variar una vez se aplique la Ley 8/2012 de Vivienda se incorporan en las normas urbanísticas del PGOM los mecanismos para adaptarse a la nueva ley sin necesidad de modificar" el planeamiento urbanístico.
De hecho para el Ofimático ya estaba previsto: en el plan parcial se explica cómo se actuará para evitar que la modificación del porcentaje de vivienda de protección obligue a reformular los ámbitos de desarrollo porque variará el aprovechamiento tipo aunque no se modificarán las determinaciones que marca el plan urbano para las viviendas del sector en cuanto a tipología, volumen y edificabilidad real.
El grupo municipal del BNG ha alertado de esta reducción de vivienda protegida y ha denunciado que se ha "adjudicado a dedo" este contrato para adaptar el PGOM al nuevo porcentaje. Los nacionalistas destacan que con esta decisión el Gobierno local ha demostrado "su total desinterés por la vivienda protegida y su entrega a los grandes promotores".
El Bloque, que desveló ayer la adjudicación a Lumieira, subraya que esta disminución de la oferta de este tipo de vivienda implica "el aumento del precio de la vivienda libre y el incremento de los beneficios de los promotores privados". Recuerda que el plan urbano de 2013 preveía unas 15.000 nuevas viviendas protegidas, por lo que el cambio supondrá bajar la cifra hasta unas 3.000.
