El aumento de efectivos en cada turno de trabajo, una de las peticiones más insistentes de los bomberos de A Coruña desde que empezó el año con el propósito de mejorar el servicio, cae en saco roto cuando se pone sobre la mesa de la responsable municipal de Personal, Rosa Gallego. Con la justificación de que elevar el número mínimo de agentes operativos supone un coste económico inasumible en estos momentos para el Gobierno local, el Ayuntamiento veta la ampliación de plantilla, según explicó ayer, tras una reunión con Gallego, el representante de la CIG en el Concello, Roberto Tizón, miembro del sindicato mayoritario en el cuerpo, la CIG.

Los bomberos proponen que a partir de mayo de este año haya trece trabajadores como mínimo en cada turno, en lugar de los once que ha habido en más de 170 días del año pasado. La finalidad de este aumento de personal no es otra que la de poder atender dos servicios de emergencia a la vez en óptimas condiciones en el caso de que se produjesen.

En su propuesta el cuerpo amplía a quince el número mínimo de bomberos en cada turno a partir del mes de mayo del año próximo. La respuesta del Gobierno local es la negación al incremento de plantilla por razones económicas. El Concello no informó ayer del contenido de esta reunión con los sindicatos.

Los bomberos, que de momentos descartan emprender medidas de presión para defender sus reclamaciones y hoy volverán a tener otro encuentro con Gallego, también solicitan que se cambie el concepto de peligrosidad en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y que el plus de peligrosidad vaya en función de la actuación real y no del puesto de mando que se ocupe. En la RPT consta que en el cuerpo hay 156 efectivos, de los que 125 son bomberos, pero según Tizón en la actualidad solo están cubiertos 98 puestos, de los que 78 son bomberos.

La edil de Hacienda y Personal mantuvo también una reunión con los sindicatos policiales relacionada con las exigencias del 092 de ajustar sus retribuciones salariales en virtud de unos acuerdos plenarios aprobados en la legislatura pasada, una medida pendiente de ejecución porque no lo permite la ley presupuestaria y cuyo incumplimiento ha causado protestas entre los policías desde diciembre pasado. La cumbre sirvió para que los representantes del 092 expusieran vías alternativas que permitan a los agentes percibir un incremento salarial, aunque las posibles soluciones quedaron a expensas de detalles a tratar en futuras reuniones.

El Concello no aplicará ese aumento en la plantilla policial porque asegura que Hacienda prohíbe el incremento de retribuciones de personal, mientras que los sindicatos, que no coinciden con esa valoración, plantean como alternativa el establecimiento de compensaciones temporales, promociones internas o programas de formación específicos, según resumió ayer el portavoz del CSIF, Manuel Aceña. Estas salidas, no obstante, están "lejos de concretarse", y los policías mantendrán de momento la presión iniciada en diciembre.