La Xunta ha rectificado su decisión de retirar a las dos funcionarias del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo -que investiga dos macrocausas, la Pokemon Pokemony la Carioca- tras las quejas de la magistrada Pilar de Lara que fueron respaldadas, a su vez, por los sindicatos UGT y CSIF.
La juez alertó la semana pasada al conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, de que esta situación -la pérdida de dos trabajadoras- abocaba a su sala "al colapso total e irreversible" y advertía al Ejecutivo gallego de que no podría hacerse "responsable de las dilaciones" que se produjesen a partir de ese momento. Tras estas declaraciones y, según fuentes judiciales, también tras la mediación del presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, la Xunta decidió prorrogar el contrato de estas dos trabajadoras durante un mes, hasta finales de marzo.
Su continuidad en el Juzgado de Lugo está condicionada a que el Consejo del Poder Judicial (CGPJ), cuya siguiente reunión será a finales del próximo mes nombre a un juez de refuerzo para este órgano de instrucción, un puesto que se suprimió a finales del año pasado. El vocal territorial del CGPJ Juan Manuel Fernández explicó que el ente estudiaría la "opción" de destinar a un juez de adscripción territorial al Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo.
En su queja formal, Pilar de Lara decía que había intentado ponerse en contacto telefónico con el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, para presentarle sus demandas, aunque no lo había conseguido y que, por ello, decidía remitir una carta a la Consellería de Vicepresidencia y al TSXG y a la que tuvo acceso este diario.
No tardó la Xunta en decir que los recortes en el Juzgado obedecían a una decisión tomada en el grupo de trabajo creado en una comisión mixta entre la Xunta y el Tribunal Superior. Esta aclaración, sin embargo, fue desmentida por el Alto Tribunal gallego, que especificó que el cese de funcionarios de apoyo en los juzgados era "decisión única y exclusivamente de la Xunta". El TSXG no tiene capacidad "ni de poner ni de sacar funcionarios" -explicaban desde el Alto Tribunal- aunque participe en el debate de "requisitos" de la comisión mixta a la que se refería la Xunta en su declaración.
El Superior se desmarcó todavía más de esta decisión del Gobierno gallego al especificar que, en todo caso, el Alto Tribunal no formaba parte del grupo de trabajo en el que, según la Xunta, se "acordó" la reducción del personal de refuerzo del Juzgado de Lugo que instruye, entre otras causas, la operación Pokemon cuya rama coruñesa, la Pikachu, Pikachucuenta con más de una veintena de imputados, entre ellos el portavoz municipal, Julio Flores.
En la carta que De Lara remitió a Vicepresidencia y al Tribunal Superior, la magistrada apuntaba a la contradicción que suponía que los políticos prometiesen "públicamente ayudas y apoyos, tanto materiales como personales, a los órganos jurisdiccionales" que investigan "causas relacionadas con delitos relativos a la corrupción" y que, después, se tomase la decisión de no renovar a dos funcionarias en su puesto en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo.
A estas quejas se unieron también los sindicatos, que denunciaron que la Xunta había dejado sin refuerzos a los juzgados por causas políticas. "Nada le convendría más a la clase política que los macroprocesos que en ese juzgado se llevan se retrasaran o por causa de dilaciones indebidas pudiesen terminar siendo nulos", explicaban desde UGT haciendo referencia también al Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, desde donde se instruye la operación Zeta, operación Zetaque investiga el posible fraude en la captación de ayudas públicas para cursos de formación con el empresario coruñés Gerardo Crespo como presunto cabecilla de la trama.
Pilar de Lara especificaba en su misiva que la supresión de "dos funcionarios" dejaba a su juzgado en "una absoluta situación de desamparo" pese a la "generosa voluntad" de "todo el personal de la oficina", que trabaja "por las tardes, en fines de semana y a deshora".
El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó que la retirada de funcionarios se debía a que el CGPJ había retirado al juez de refuerzo y que la Xunta hacía lo mismo con los funcionarios y defendió que no se trataba de un "castigo".
