Imputación masiva en la ciudad procedente de los juzgados de Lugo. Hasta 39 personas desfilarán por la sala de la magistrada Pilar de Lara para declarar por tráfico de influencias, dentro de una de las múltiples ramificaciones coruñesas de la Pokemon, la que investiga la supuesta barra libre de retirada de multas por mediación de Vendex, la contratista de la grúa y de la ORA y protagonista de la macro operación judicial contra la corrupción en Galicia. Tras la providencia que la juez firmó ayer, el número de imputados en la ciudad alcanza los sesenta.

La instructora cita a prestar declaración en calidad imputados a una lista de ciudadanos entre los que figuran funcionarios, algún trabajador de Vendex, personas relacionadas de algún modo con el Ayuntamiento y el propio delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor. También el exedil nacionalista, Xan Martínez Cajigal, que ya estaba imputado por cohecho. Las declaraciones están programadas para maratonianas jornadas entre el 30 de abril y el 18 de mayo.

La mayoría de imputados ya figuraban con nombres y apellidos en un auto de febrero de 2014, a través del que se buscaban huellas de la supuesta retirada de multas de la grúa y la ORA. Todo parte de los pinchazos que practicaron al teléfono del máximo responsable del conglomerado empresarial investigado. En tales grabaciones telefónicas, tal y como se incluye en algunas partes del sumario, los agentes de Vigilancia Aduanera registraron cómo Tutor recibía llamadas de personas que, con naturalidad, solicitaban la indulgencia para sus automóviles, supuestamente evitando el abono de una penitencia pecuniaria, según sospechan los investigadores y la juez.

En la providencia del pasado febrero, De Lara argumentaba que, "en el curso de las intervenciones", se habían detectado "llamadas entre los investigados y terceras personas" que ponían "de manifiesto prácticas aparentemente irregulares". Tales prácticas consistirían, según el fundamento de la magistrada titular del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, en "avisar a los responsables de la retirada de vehículos y del control de aparcamiento (ORA) de la imposición de una sanción o retirada de un vehículo presuntamente estacionado" para la "presumible retirada" de la multa, "así como la anulación de las sanciones".

"Tales hechos pudieran ser constitutivos de un presunto delito de tráfico de influencias, infidelidad de la custodia de documentos o falsedad documental", concluía. En el auto ordenaba, tanto al Concello como a la concesionaria del servicio de grúa y ORA -Doal, filial de Vendex-, que facilitase una copia compulsada de los expedientes por sanciones de tráfico o aparcamientos durante los ejercicios de 2011 y 2012 de 24 vehículos (facilita las matrículas) y 27 personas (facilita los nombres y el DNI).

De Lara demandaba, adicionalmente, pruebas de que los automóviles y conductores incluidos estuviesen inscritos en una lista de tarjetas de zona verde (residentes) también durante el mismo periodo. En total, 51 sospechas, de las que finalmente se han materializado casi cuarenta imputaciones.

Los hechos investigados se enmarcan en el último año de gobierno de PSOE y BNG y el primero del PP. Según las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento, actualmente en vigor, retirar una motocicleta o similar que haya llevado la grúa cuesta 24,27 euros; un turismo o furgoneta de menor tonelaje son 83,67 euros; y los de mayor tamaño hasta 98,87 euros. A esto se añade el recargo por demorarse 24 horas en recoger el vehículo, de 8,92 euros, 15,14 y 31,36 respectivamente.