Al tiempo que esperan por la apertura de juicio, los señalados por la juez Pilar de Lara en la Pokemon intentan anular la operación alegando supuestos errores de forma en el procedimiento. La defensa del concejal popular Julio Flores, imputado por posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho, apoya los argumentos de Vendex, conglomerado empresarial en torno al que giran las pesquisas y que tuvo en los contratos con el Concello una importante fuente de ingresos, para solicitar a la magistrada la anulación de las actuaciones.

Los abogados del número dos del Ejecutivo presidido por Carlos Negreira -que también lo son de un asesor y de un alto cargo imputados- elogian los razonamientos jurídicos de la representación legal de la empresa y solicitan la adhesión al "magnífico recurso" ante la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo. Para ello, dicen hacer suya "la excelente argumentación jurídica en orden a la invalidación por causa de nulidad radical de todas las actuaciones en las que han intervenido los funcionarios adscritos al servicio de Vigilancia Aduanera".

Han sido agentes de Aduanas los que, siempre por orden de la juez Pilar de Lara, han llevado la investigación. Hay dos recursos de Vendex en este sentido. Uno del 13 de febrero y otro el 4 de marzo, admitidos a trámite por la magistrada que, sin embargo, rechazó suspender cautelarmente las actuaciones, tal y como era solicitado por los abogados.

Los abogados de Vendex, el grupo de empresas epicentro de la investigación, cuestionan la competencia de Vigilancia Aduanera (SVA) para realizar dicho informe. Consideran que los funcionarios del servicio de Aduanas tienen asignadas las funciones específicas de "investigación, persecución y represión de los delitos de contrabando" y, por lo tanto, "no tienen la condición de policía judicial". El conglomerado empresarial subraya que, de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, puede extraerse como doctrina que "las actuaciones realizadas por funcionarios de la Agencia Tributaria, adscritos a la Dirección de Vigilancia Aduanera, fuera del ámbito de su competencia son procesalmente inválidas".

Vendex interpreta además que, dada la formulación de la providencia a la que se refiere en el segundo recurso [sobre la supuesta emisión de facturas B], se está "conculcando el derecho fundamental a la presunción de inocencia y pone en entredicho la necesaria imparcialidad objetiva de la juez de Instrucción en la causa". Rechaza que se atribuyan a Aduanas funciones de carácter pericial, puesto que "no son peritos económicos o contables", y dudan de su "imparcialidad" para realizar informes por haber "participado" previamente en diligencias sobre los mismos hechos.

El abogado de Flores, Esteban Rico, se une al "magnífico recurso, principalmente a la petición primera del mismo". En ella, Vendex quiere que De Lara acuerde la nulidad de todas las actuaciones en las que haya intervenido Aduanas "fuera del ámbito estricto de sus competencias específicas (delitos de contrabando y conexos), depurando las mismas mediante su expulsión de la causa, y también de todas aquellas que han sido consecuencia directa o indirecta de actuaciones inconstitucionales de dichos funcionarios no competentes".

No solo Flores se ha pronunciado sobre el intento de Vendex para anular las actuaciones. También lo ha hecho la empresa multiservicios Setex Aparki, pero en sentido contrario. Setex es la antecesora de Doal (filial de Vendex) como concesionaria del contrato de la grúa y de la ORA en A Coruña. Nacida de una escisión de Vendex, se ha personado como acusación particular en la causa, después de cruzarse en innumerables ocasiones en los tribunales como rivales en concurso públicos.

Setex alude a una reciente sentencia del Tribunal Supremo de 25 de Abril del 2014, que reconoce al SVA como Policía Judicial. Al respecto, añade que Aduanas "ha actuado siempre dentro de su ámbito de competencias" ya que, según puntualiza, "las diligencias previas lo fueron para investigar delitos contra la Hacienda Pública y el blanqueo de capitales, entre otros, en los que SVA posee condición de Policía Judicial, según se recoge en la jurisprudencia al respecto".

La juez responde a una queja de los abogados de Julio Flores por la publicidad de las actuaciones. De Lara alega que "es fácil comprobar" que no hubo filtraciones durante el secreto sumarial y que es, ya con partes personadas en la causa, cuando "determinados aspectos de esta comienzan a divulgarse en medios comunicación". Los mismos medios, replica, son "utilizados en algunas ocasiones por los propios imputados, o algunos de sus letrados, que tanto han llegado a realizar entrevistas como a revelar la estrategia procesal a seguir".