La empresa adjudicataria de la fábrica de armas, Hércules de Armamento, prevé comenzar la producción a pleno rendimiento a partir de mediados del próximo mes, momento en el que estiman que obtendrán las homologaciones legales exigidas y las autorizaciones del Ministerio de Defensa, que todavía no han recibido.

Según explicó ayer el director de la compañía, Ramón Mejuto, la fábrica ya está produciendo piezas para dos clientes gallegos de la industria civil y tiene empleados a un total de 31 personas. "Este sábado seguramente se incorpore un trabajador y el lunes dos más. El grueso de las contrataciones se desencadenarán a partir de que tengamos todas las autorizaciones pertinentes", aseveró.

Mejuto asegura que Hércules de Armamento mantiene negociaciones con tres inversores españoles que podrían entrar en el capital de la empresa en los próximos meses. En cuanto a contratos, el director del proyecto asegura que ya tienen varios "apalabrados" y supeditados a que finalmente se consigan las homologaciones.

Los extrabajadores de la factoría vinculados a UGT, por su parte, se concentraron ayer frente a las instalaciones de Pedralonga para analizar la situación judicial en la que se encuentra el recurso que habían presentado contra el ERE. El presidente del antiguo comité de empresa, Roberto Teijido, confió en que la Audiencia Nacional dicte una sentencia favorable a sus intereses con la que se devuelva el empleo de los 61 despedidos.

Los exempleados se concentraron cerca de las instalaciones y señalaron que la Justicia, de momento, ha dado "la razón" a los sindicatos al obligar a la Audiencia Nacional a dictar una nueva sentencia en la que tenga en cuenta sus "alegaciones". Teijido, que espera que en un mes se emita esta nueva sentencia, destacó que el expediente de extinción se presentó con unas pérdidas previstas de 69 millones de euros, que al final quedaron en apenas 11.000 euros durante 2012.

También evocó la ausencia de actividad cuando "la fábrica de armas consiguió el mayor contrato de su historia, lo hizo con el ejército británico por más de 4.000 millones de euros y tenía carga de trabajo garantizada hasta 2016".