El juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, cuya titular investiga la operación Pokemon, recaba datos sobre 43 personas por si enchufaron a personal entre 2011 y 2012 en empresas con contratos con el Ayuntamiento u otra administración pública. En la lista figura el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira; el presidente de la Diputación, Diego Calvo; y la mitad de los ediles del Gobierno municipal coruñés. También el candidato popular a la Alcaldía de Ourense y exconselleiro, Jesús Vázquez. No imputa a ninguno, solicita a Hacienda y a la Seguridad Social información sobre ellos "que se estime de interés para la causa".

Esta lista correspondería a personas que aparecen de alguna u otra manera en documentos reunidos por Vigilancia Aduanera a lo largo de su investigación, como los obtenidos del volcado del ordenador de Julio FloresJulio Flores, número dos del Ejecutivo de Carlos Negreira y todavía imputado en la macrocausa abierta en torno a la relación de diversas administraciones con la empresa Vendex. En un auto firmado ayer, De Lara explica que su orden tiene la finalidad de "investigar el posible delito de tráfico de influencias y/o cohecho por la contratación de personas recomendadas y la relación que pudieran tener con las empresas investigadascontratación de personas recomendadas".

Entre los investigados por la juez Pilar de Lara están, al margen del regidor y el máximo responsable provincial, los ediles Ana Fernández (Cultura), Begoña Freire (Movilidad), Carmen Hervada (Barrio), Martín Fernández Prado (Urbanismo), Rosa Gallego (Interior) Mariel Padín (Barrio y vicepresidenta de la Diputación) y Francisco Mourelo (Deportes). La relación de 43 personas se completa con altos cargos, asesores del Ejecutivo local, trabajadores municipales o personas relacionadas con el Concello.

Además de recopilar información sobre personas que podrían haber recomendado a terceros o que recibieron recomendaciones para enchufar con la supuesta intermediación de Flores, según sospechan juez y agentes de Aduanas, el auto comunicado a las partes deja otra larga lista para pedir datos a Hacienda. Se trata de un total de 57 empresas, entidades deportivas y culturales o sin ánimo de lucro, "para determinar si las mismas están relacionadas desde el punto de vista económico con la Administración pública estatal, autonómica o local o alguna de las entidades u organismo público vinculados a las mismas". Esto es, trata de averiguar si estas agrupaciones o sociedades recibieron recomendados y, al mismo tiempo, mantenían algún tipo de trato o negocio con la Administración.

La juez extiende así las sospechas de enchufados del Gobierno municipal más allá de Vendex, algo que ya había dejado caer en un auto anterior, del 16 de marzo, en el que sugirió también que Negreira podría tener "conocimiento" y dar "consentimiento" a estas posibles prácticas de contrataciónNegreira conocimientoconsentimiento. De hecho, el auto judicial de ayer coincide en sus fundamentos con el de hace un mes. En él, De Lara identificaba a Flores como supuesto poseedor de una "lista para contratar a determinadas personas" que también conocía el delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor.

"Esta no sería una actuación aislada por parte del teniente de alcalde, Julio Flores, sino que afectaría a otros concejales del Ayuntamiento de A Coruña, como el concejal de Deportes o el concejal de Servicios Sociales, existiendo incluso conversaciones que alcanzarían al alcalde, Carlos Negreira", rezan ambos textos. En ellos, la juez que realiza la instrucción entiende que "ya a lo largo de la investigación se revelaba la relación directa que existía entre la consecución de contratos y la contratación de personal"investigación relación directa entre la consecución de contratos y la contratación de personal. Finalmente, el nuevo auto añade otros tres nombres de supuestos enchufados. Solicita información a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social para comprobar si finalmente fueron contratados por alguna de estas empresas.

Tras el auto de marzo, el alcalde reprochó que se construyesen "nuevas conjeturas sobre los mismos hechos". "Lo que nosotros queremos es pasar de las conjeturas a los hechos probados, que se termine lo antes posible la investigación y colaborar con la jueza en esa investigación", afirmó.