Algunos de los afectados de Novo Mesoiro y Eirís por la supresión de las ayudas a la hipoteca siguen sin cobrar un año después de la primera sentencia que les dio la razón y ocho meses después de que el Ministerio de Fomento, ante la avalancha de fallos judiciales en contra y protestas, rectificase el criterio que dejó sin subvención para pisos protegidos a más de 300 familias en la ciudad y miles en toda España.
La plataforma coruñesa que nació en el barrio de Novo Mesoiro para proteger a los interesados denuncia la situación de algunos propietarios que, a pesar de que ya se les ha reconocido el derecho a volver a cobrar, siguen esperando por el dinero. Están atrapados en algún lugar de la cadena formada por los bancos, que tienen que materializar la ayuda en los intereses de la hipoteca; por la Xunta, que lo gestiona y entrega la ayuda a los bancos; y por Fomento, de cuyas arcas procede la cuantía.
Solo en el barrio de Novo Mesoiro había tres centenares de familias afectadas. Desde que se crearon, en 2002, el número de subvenciones concedidas fue bajando hasta el 63% de la cantidad inicial, antes de ser retiradas en 2012, pasando de 2.276 a 844 en toda la provincia. Los planes de ayuda del Gobierno a la compra de pisos protegidos eran cuatrianuales y contaban con una cláusula que permitía a sus beneficiarios disfrutar de las subvenciones los cinco primeros años de pago y que renovasen, llegado ese momento, por otro lustro más esa ayuda.
En 2012, Fomento decidió cambiar el criterio de interpretación de un real decreto, lo que extendía la imposibilidad de renovar dicha prórroga del subsidio a los préstamos concedido con arreglo a planes anteriores. Esto fue una dificultad para muchas familias y un drama para otras que, a situaciones de desempleo sobrevenidas con la crisis, se les sumó que su hipoteca costaba entre 80 y 100 euros más al mes.
Con la extinción del programa, no solo se quedaron sin aportación los compradores que estaban para entrar en el segundo plazo -el de la ayuda renovada-, sino también los que contaban con ella para los primeros cinco años de pago.
La primera sentencia coruñesa sobre la cuestión llegó el 20 de mayo de 2012. Todas las dictadas hasta ahora avalan la opinión de los vecinos, que además esperan desde septiembre de 2013 por una decisión del Tribunal Constitucional contra una ley de 2013 que suprime toda ayuda a la vivienda.
El fallo, emitido por el juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de A Coruña, explica que la Xunta, a través de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, tiene que permitir, no solo la renovación por cinco años de la subvención reclamada, sino que tiene que hacer frente a los pagos adeudados a los reclamantes, así como a los intereses generados en este periodo, algo que en muchos casos, según señalan desde la plataforma, no se ha pagado.
El presidente del colectivo de afectados, Xosé Aller, espera que el gobierno que salga de las urnas el próximo domingo se ponga de su lado y les acompañe en este proceso, más allá de la oficina que instaló el Gobierno municipal "una semana". Y es que las consecuencias para el barrio, aseguran, han sido nefastas y hay "pisos cerrados", "carteles de alquiler y venta" y familias mudadas. Solicitan así mayores facilidades para vender o alquilar sus pisos.
