La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, encargada de dirigir la investigación contra una presunta trama de fraude de subvenciones destinadas a cursos de formación, suspendió ayer las declaraciones previstas para esta semana hasta después de las elecciones municipales. En concreto, estaban citados para testificar el presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), Eliseo Calviño, y su mujer, María Milagros Vázquez, como imputados por cometer presuntos delitos de fraude de subvenciones, estafa y falsedad documental.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) informó ayer de que las citaciones se aplazaron debido a la falta de un informe económico que afecta a las actividades desarrolladas por algunos de los implicados en la operación Zeta. Calviño es uno de los presuntos cabecillas de la organización que defraudó unos 20 millones entre 2008 y 2012, la mayoría procedentes de la Xunta, según concluyó la Policía Nacional en sus informes. Por la ausencia del documento que debe emitir Hacienda, también se suspendieron hace meses las declaraciones de otros imputados, como la del director de la Feria de Autónomos de Galicia, José Luis Fraga.

Los agentes que investigaron el caso, en el que hay 30 imputados, entre ellos cinco altos cargos del Gobierno gallego, señalan al empresario Gerardo Crespo como líder de la organización, pero subrayan que contó con la "estrecha colaboración" de funcionarios y políticos. La Comisión Europea exigió información a España y dio parte a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, que deberá pronunciarse sobre los hechos, ya que gran parte de los fondos presuntamente defraudados procedían de Europa y eran gestionados por la Xunta.

Por el momento, se desconoce la fecha en la que Calviño declarará ante la juez. El imputado deberá explicar el sueldo de 4.500 euros mensuales que, según el 091, se fijó como presidente de una entidad fantasma, ya que carecía de actividad y de socios. Aún así, recibía cuantiosas subvenciones. Los agentes también sostienen que utilizó 700.000 euros procedentes de fondos públicos para reformar su vivienda de Corcoesto.

"Yo no pagaba para no hacer los programas, pagaba para que me los adjudicasen", reconoció Crespo en una entrevista concedida a este diario, en la que también aseveró: "Evidentemente, los políticos están implicados, están mintiendo, se están desmarcando". Además, aseguró que le pagaba 3.000 euros al mes a un "amigo íntimo" de Feijóo para que le consiguiese contratos.