El Gobierno local y la comunidad de propietarios del edificio Conde de Fenosa, sobre el que pesa una orden de demolición parcial, tratan de buscar una solución conjunta para evitar las obras de reposición de legalidad. No existe acuerdo en la estrategia, de tal forma que la comunidad ha amenazado con impugnar el proyecto que el Concello presente al juez para legalizar el edificio. Y advierte de que el siguiente paso, que causaría consecuencias dramáticas para las arcas municipales, sería comenzar a solicitar indemnizaciones.

Así se lo hicieron saber los abogados y el arquitectos contratados por la comunidad de propietarios al técnico en el que ha confiado el Ayuntamiento. Fue en una reunión conjunta el 17 de abril, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico. El Concello tiene la obligación de presentar ante el juez este verano un proyecto técnico de legalización y ejecución de las obras que procedan, después de evaluar las viviendas y locales del edificio.

El Tribunal Supremo anuló, en julio de 2014, los autos emitidos por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que declaraba inejecutable la sentencia que obligaba a demoler el inmueble de Fernando Macías. El Supremo acusó a Concello coruñés de "actuar de mala fe".

Sobre la mesa de la reunión entre propietarios y arquitecto contratado por el Concello para diseñar el proyecto de legalización, la comunidad puso tres vías. Primero, la adaptación a las normas del hábitat de Galicia -que remite a la normativa que había en el momento de la licencia-. Segundo, el Código Técnico de Edificación. Y tercero, el plan general, norma de rango inferior, que impide la legalización directa del edificio, ya que la Xunta obligó al Concello a suprimir el párrafo que, en el PGOM de diciembre, remitía a normativa antigua para eludir la aplicación de normas actuales, más restrictivas, y facilitar que se legalizase.

Los propietarios, que ven que adaptarse a las normas del hábitat y al código técnico supondría unas obras de más envergadura de las que pretenden, se aferran a una frase del artículo 5.2 en la que el PGOM reconoce la altura y volumen "de la edificación construida existente" como parámetros constructivos.

Según las notas de la reunión, el arquitecto contratado por el Ayuntamiento expuso sus dudas en cuanto a la aplicación de este tercer punto debido a los antecedentes judiciales del edificio y propuso una solución alternativa. Pero el arquitecto y los letrados de la comunidad se mostraron firmes en su decisión, que evitaría al máximo las obras. Si el proyecto de ejecución no incluye esta argumentación, sostuvieron ante el representante municipal, recurrirían ante el tribunal la ejecución del proyecto técnico que presente el Ayuntamiento.

Los dueños de los pisos afectados mostraron también su intención de dar "pasos al frente" y solucionar el caso lo antes posible. Si esto no ocurre, optarían directamente por tomar otros caminos, como "solicitar indemnizaciones para los propietarios", según recoge el resumen de la reunión, que se incorporó a la documentación que pidió el juez para comprobar que se estaban realizando trámites para la demolición parcial del inmueble para su legalización.

El presidente de la comunidad de propietarios mostró su interés en coordinar posiciones acerca de este criterio de actuación. El arquitecto contratado por el Ayuntamiento, Carlos Trabazo, les expresó que tendría en cuenta lo expuesto y que su intención es la de tomar "la mejor decisión" para ejecutar el proyecto de legalización. Recordó a los presentes, eso sí, que no había que olvidar la "especial" situación en la que se encuentra el edificio, porque existe una sentencia judicial que ordena su demolición. Esta procede de la rehabilitación del edificio consentida a Fadesa por el Gobierno de Francisco Vázquez en 1997.