La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas afirma que la Xunta no es responsable del pago de las ayudas a la hipotecas y, por tanto, que los retrasos que están sufriendo algunas familias afectadas en barrios como Novo Mesoiro y Eirís, que esperan por la restitución de las subvenciones, son responsabilidad del Ministerio de Fomento y los bancos.

El Gobierno gallego se inhibe de cualquier responsabilidad en la situación. Aclara que su función en las ayudas a la hipoteca se limita a comprobar que los solicitantes cumplen los requisitos y dar el sí. Añaden que la entrega de dinero se realiza entre el Ministerio de Fomento, dirigido por la también popular Ana Pastor, y las entidades bancarias con las que los afectados tienen contratadas las hipotecas.

Hace hoy un año que uno de los miembros de la plataforma por la denegación de las ayudas a la hipoteca obtuvo la primera sentencia favorable, firmada por del juzgado número dos del Contencioso-administrativo. Y han transcurrido ocho meses desde que Fomento diese marcha atrás en una decisión que agravó la situación económica de las familias, al quedarse sin una inyección de entre 80 y 100 euros mensuales, para sufragar el abono de los intereses de los préstamos, con la que hicieron sus cuentas cuando compraron sus viviendas protegidas.

Los planes de ayudas del Gobierno a la compra de pisos contaban con una cláusula que permitía a sus beneficiarios disfrutar de las subvenciones los cinco primeros años de pago y que renovasen, llegado este momento, por otro lustro más la subvención. Pero en 2012 Fomento decidió cambiar el criterio de interpretación y vetó la solicitud de la prórroga del subsidio. Ni los que estaban para entrar en el segundo plazo pudieron renovar ni pudieron acceder al dinero los que contaban con él para sus primeros cinco años.

La primera sentencia judicial a favor llegó el 20 de mayo de 2014. En ella el juez ordena a la Xunta que tiene que permitir, no solo la renovación por cinco años de la subvención reclamada, sino que tiene que hacer frente a los pagos adeudados en los reclamantes, así como los intereses generados en este periodo. A pesar de que fue el Gobierno central el que decidió poner fin a esta línea de subvenciones, el magistrado condena a la Xunta porque fue la Administración autonómica la que se encargó de dictar que se cancelaba la línea de fomento de compra de vivienda.

En agosto del pasado año, el Ejecutivo rectifica obligado por los fallos judiciales en contra y la impopularidad de su determinación. Algunos vecinos han visto resuelto ya el problema pero otros, a pesar de que tiene en sus manos el reconocimiento formal y por escrito, no han comenzado a recibir el dinero. La Xunta insiste en que ahí no tiene responsabilidad.

La falta de prisa de la administración, dicen desde la plataforma de afectados de A Coruña, contrasta con la ajustada economía de los vecinos, para los que estos mil euros anuales no son residuales en sus planes domésticos. Solo en el barrio de Novo Mesoiro hay más de 300 familias que se vieron atrapada por este enredo, fruto del ansia por los recortes en todas las administraciones. A ellos se añaden otros propietarios de Eirís y Oleiros.

Tras la información publicada por este periódico, que denunciaba que el dinero de vuelta no había llegado a algunos propietarios que tenían el derecho reconocido, la Xunta se abstiene de toda responsabilidad, ya que, según explican, es de Fomento de donde procede el dinero que llega a los bancos, en una cadena en la que la Consellería de Medio Ambiente, también responsabilidad del Partido Popular, no interviene.