La investigación de la juez Pilar de Lara, instructora de la operación Pokemon, sobre la adjudicación a una empresa del grupo Vendex del servicio de limpieza, conserjería y mantenimiento del Ágora en 2012, da un paso más con la citación como testigos a la aún concejal Rosa Gallego y a cinco altos funcionarios del Ayuntamiento. Estas seis personas deberán declarar el próximo 22 de junio en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo para aclarar la forma en la que Procedimientos de Aseo Urbano (PAU), filial de Vendex, se hizo con ese contrato, ya que la juez sospecha que el concurso pudo haber sido amañado en favor de esta empresa.

Además de la concejal responsable de Hacienda y Administración Pública, deberán comparecer en el juzgado la jefa del departamento de Promoción Económica y Comercio; el jefe del servicio de Promoción Social e Igualdad; el interventor municipal; el jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento en 2012; y la secretaria de la Mesa de Contratación municipal.

De Lara ya exigió al Ayuntamiento a finales del pasado mes de noviembre que le enviara documentación sobre el contrato de la limpieza del Ágora que no le había sido remitida, ya que la enviada por los responsables municipales estaba incompleta al echarse en falta "documentos ciertamente relevantes", entre los que mencionaba las actas de las mesas de contratación y de las juntas de gobierno en las que se tomaron decisiones sobre este procedimiento.

El informe encargado por la juez al Servicio de Vigilancia Aduanera sobre este contrato reveló que el delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor, logró en marzo de 2012 que el Gobierno local bloquease el concurso que ya había convocado, de forma que posteriormente se abrió un nuevo periodo para la presentación de ofertas por parte de las empresas. Según Aduanas, Tutor acudió al nuevo concurso "con la casi total y absoluta seguridad de que su empresa sería la que obtuviese la adjudicación".

En el documento se señala además que cuando el Gobierno local adjudicó en julio de ese año a PAU, la filial de Vendex, ese contrato, lo hizo tras haber efectuado "numerosas transformaciones" en el pliego de condiciones. La adjudicación se realizó con un importe de 291.943 euros anuales y con el plazo de un año que sería prorrogable a otro.

Para Vigilancia Aduanera, el delegado de Vendex se servía de "tretas" para que el Ayuntamiento le adjudicara los contratos de los servicios municipales, como proporcionar empleos en sus empresas a personas "del entorno de las autoridades y empleados públicos" municipales. La juez autorizó escuchas telefónicas a los implicados en estas supuestas prácticas que dieron a conocer que los beneficiados por los enchufes fueron "parientes o amigos" de concejales o funcionarios.

Pero este tipo de actuaciones también se desarrollaba en el sentido contrario, según la investigación del Servicio de Vigilancia Aduanera, ya que se constató que "algunos cargos y empleados públicos" dieron a Tutor "trato de favor" en la adjudicación del concurso del Ágora con el fin de que contratase a personas allegadas a ellos.

Según Aduanas, el delegado de Vendex pretendía con esta política de favores "obtener la mayor influencia posible sobre los miembros de la mesas de contratación". La investigación destapó además que durante la fase de valoración de las ofertas en los concursos era en la que Tutor recibía "un mayor número de peticiones o recomendaciones de los cargos y empleados públicos del Ayuntamiento".

Al ser puesto en marcha poco después de la llegada del PP al Gobierno local y en uno de los peores momentos de la crisis económica, el Ágora pasó a ser "una fuente futura de puestos de trabajo que, sin duda, Tutor y los políticos y empleados del Ayuntamiento utilizaron para colocar a sus personas recomendadas", de acuerdo con el informe elaborado por Aduanas.

Pero De Lara aún va más allá en sus sospechas sobre la actuación del responsable de Vendex en Galicia, de quien sospecha que llevaba a cabo "pagos periódicos" a algunas de las personas que tomaban las decisiones sobre las adjudicaciones y que él mismo estaba implicado en ese procedimiento, ya que la empresa tenía en A Coruña una de sus principales vías de ingresos, ya que gestionaba servicios municipales de tanta relevancia como la grúa y la ORA.