Las obras de la Marina tienen doble recorrido en los juzgados. Después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) admitiese a trámite en mayo un recurso contencioso-administrativo presentado por el frente cívico Somos Maioría contra una modificación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) de Ciudad Vieja y Pescadería aprobada por el Gobierno local para poder ejecutar las obras, el juzgado de instrucción número 1 de A Coruña ha admitido también una querella interpuesta por el mismo colectivo contra la Autoridad Portuaria y las empresas concesionarias por un presunto delito contra el patrimonio histórico.
Aunque los trabajos de urbanización en la Marina están próximos a concluir y el túnel ya se ha inaugurado, desde finales del año pasado Somos Maioría no ha cesado en su empeño de cuestionar la legalidad de las obras, que calificó de "ilegales y faraónicas". Ante el juzgado coruñés censura al Puerto porque su ejecución favorecía "a empresas amigas a costa del patrimonio histórico y económico de la ciudad", mientras que ante el TSXG denunció al Ayuntamiento por haber resuelto "de forma artificial" una presunta ilegalidad en las obras del vial subterráneo. Ambas acciones judiciales están ahora admitidas a trámite.
La querella presentada ante el juzgado coruñés es admitida después de que la titular del mismo solicitase al Concello y a la Autoridad Portuaria a finales del mes pasado información relacionada con las obras de urbanización en la Marina. Pedía en concreto la certificación del acuerdo del consejo de administración de la entidad de 30 de junio de 2014 en el que se adjudicó el proyecto de obras ordinarias de urbanización de la dársena de la Marina; el expediente íntegro de adjudicación y redacción del proyecto de obra; el expediente de ejecución de los trabajos; una copia íntegra del informe de aprobación del mismo proyecto y el certificado de la calificación urbanística de la zona afectada por las actuaciones y sus condiciones de protección a la fecha de la adjudicación y comienzo de las obras.
La juez demandaba esta información pero desestimaba las medidas cautelares de paralización que pedía Somos Maioría.
El TSXG requirió al Concello que le remitiese los expedientes administrativos relacionados con la modificación del plan especial.
