El Consello Social de la Universidade da Coruña demanda a la Xunta que, en el plan de financiación actualmente en negociación con los tres rectorados gallegos, tenga en cuenta el "déficit histórico de financiación" de la Universidade da Coruña. Pide medidas que permitan subsanar esta situación repetida, lo que, a su entender, evitaría tensiones de tesorería como la que está padeciendo en estos momentos la institución académica y que le ha obligado a cortar gastos ordinarios en todos sus centros.
El órgano presidido por Antonio Abril avala la actuación del rector, Xosé Luís Armesto, que ordenó suspender de forma temporal nuevos compromisos de gasto hasta final de año a directores y decanos por falta de liquidez, con deudas a proveedores por cinco millones de euros. Considera la medida "adecuada y razonable a la vista de la situación económica actual".
Es una de las conclusiones de una reunión mantenida el jueves por la Comisión de Asuntos Económicos, Financeiros e Patrimoniais del Consello Social, un órgano mixto formado por representantes académicos, empresariales profesionales y de las diferentes administraciones concebido como "puente de unión entre la sociedad gallega y la UDC". El encuentro tenía el objetivo de analizar el problema económico de la entidad y a él acudió la vicerrectora de Planificación Económica e Infraestruturas y el gerente de la Universidad para explicar las razones y el contexto de las acciones extraordinarias que tuvieron que abordar.
El Rectorado achacó la falta de liquidez que le impide hacer frente a los pagos pendientes a retrasos en la inyección económica periódica del Gobierno autonómico, algo que este niega, asegurando que está al día y que el dinero se entrega a medida que se va justificando. Este enfrentamiento entre la UDC y la Xunta, cuyos responsables se tuvieron que reunir esta semana en Santiago, también está en los tribunales, donde reclama 2,8 millones en un proceso contencioso-administrativo correspondiente a 2011-2015.
El Consello apoya la reivindicación económica de la UDC, que siempre ha argumentado un trato discriminatorio por parte del Ejecutivo autonómico. Constata que los campus coruñeses "carecen de deuda financiera" y que la falta de liquidez "se debe a la no percepción en plazo de ingresos previstos". Alega que el recorte solo afecta a compromisos de gasto con cargo al presupuesto de 2015 pero no a los nuevos sufragados "con fondos externos o finalistas".
Una de las claves para corregir esta situación está, según un comunicado enviado ayer, en el plan de financiación del Sistema Universitario Galego (SUG), que actualmente está en proceso de financiación y que define el reparto de fondos públicos a las tres universidades de la comunidad. "Solicitamos que se arbitren medidas que permitan reducir el déficit histórico de financiación que ha padecido la UDC, de manera que las tensiones de tesorería como las actuales resulten más improbables", concluyen.
El órgano de participación social avala que la Universidad tiene que presentar, "en el más breve plazo de tiempo", ante el Consello de Goberno y el Consello Social una propuesta de ajuste presupuestario, algo que el Rectorado dice tener intención de cumplir. Para el Consello, es necesario que la Xunta y el Rectorado se sienten para formalizar, también "con la mayor brevedad", un plan de ajuste o de "reequilibrio presupuestario" que permita a la UDC "recuperar al normal funcionamiento de la institución y evite mayores perjuicios a la comunidad universitaria y a la sociedad".
