El informe jurídico encargado por el Gobierno local de Marea Atlántica sobre el llamado caso Someso considera que existe una posible causa de nulidad de pleno derecho en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del 30 de septiembre de 2005, por lo que aconseja que se solicite al Consello Consultivo de Galicia su opinión sobre su revisión. Para la nueva directora de la asesoría jurídica no se ha producido la prescripción de estos actos administrativos, puesto que se declara a los cuatro años en caso de que sean anulables al haberse apreciado vicios en su tramitación, pero en este caso se estima que son nulos de pleno derecho, calificación que se da a los que fueron dictados "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
Pero el hecho de que pueda anularse el acuerdo adoptado en 2005 no quiere decir que sea posible reclamar responsabilidades económicas a los miembros del Ejecutivo municipal que tomaron esa decisión por el perjuicio causado al Ayuntamiento. El mismo Gobierno local lo advertía el pasado jueves al hacer pública su decisión de enviar la propuesta de revisión de oficio al Consello Consultivo al decir que, de acuerdo con sus informes jurídicos, "existe una evidente prescripción de la responsabilidad contable".
Además de este acuerdo, otros tomados por el Gobierno local de la época en este mismo polígono generaron al Ayuntamiento un perjuicio económico de 19,2 millones de euros, según el informe encargado en 2012 por el anterior Gobierno local, del PP, a lo que habría que sumar una cantidad similar por las indemnizaciones a los propietarios que fueron expropiados para construir un campo de fútbol que nunca llegó a ejecutarse.
El acuerdo municipal que podría ser revisado tuvo un precedente en el tomado el 29 de octubre de 2004, por el que decidió vender a la junta de compensación del polígono de Someso, en la que se agrupan los propietarios de suelo en esta iniciativa urbanística, los terrenos que debían ceder de forma obligatoria al Ayuntamiento, que se corresponden con el 10% de los que poseían cada uno de ellos.
Viviendas protegidas
El Gobierno local presidido por Francisco Vázquez valoró esta superficie en 7,2 millones de euros y ordenó que la misma se dedicase a la construcción de viviendas protegidas que debían estar terminadas dos años después de la aprobación definitiva del proyecto de compensación. En el acuerdo se advertía de que el incumplimiento de estas condiciones permitiría exigir responsabilidades a los miembros de la Junta de Compensación.
Pero en el acuerdo del 30 de septiembre de 2005 cambiaron los términos anteriores, ya que la cantidad reclamada a los promotores casi se duplicó al alcanzar los 13,8 millones de euros y además no solo se permitió construir viviendas protegidas, sino también de precio libre, lo que generaría un beneficio económico mucho mayor a los empresarios inmobiliarios.
La causa de nulidad de pleno derecho apreciada por la asesoría jurídica es que el 21 de enero de 2005, solo ocho meses antes del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, entró en vigor una modificación de la Lei de Ordenación Urbanística de Galicia que establecía la obligación de convocar concursos para la venta del suelo público de la Xunta o de los ayuntamientos, lo que prohibía efectuar la adjudicación directa que realizó el Ayuntamiento coruñés.
A esto se une que algunas de las parcelas vendidas se encontraban en 2012 aún sin edificar, lo que vulneraba el plazo fijado en el acuerdo. Todos estos datos llevaron al BNG a presentar en 2013 una solicitud de revisión de oficio que el actual Gobierno local considera procedente impulsar al estimar que puede ser admitido a trámite.
