El riesgo de la intervención del Concello por la Xunta por el posible incumplimiento del plazo máximo de pago a los proveedores en los próximos tres mesesriesgo intervención Concello ha llevado al Gobierno local a solicitar un crédito a corto plazo por valor de 10 millones de euros con el que pagar las facturas de los próximos meses. El alcalde, Xulio Ferreiro, justificó esta medida por los informes suscritos por el interventor y la tesorera municipales que advierten de la falta de liquidez del Ayuntamientoinformes interventor tesorera falta de liquidez del Ayuntamiento y que aconsejan una operación de tesorería para hacer frente a los 22,8 millones de euros pendientes de pago, ya que solo hay 13,7 millones en las cuentas.
La reacción del Partido Popular a este anuncio fue la de desmentir la situación financiera denunciada por Marea Atlántica y acusarla de "optar por el camino más fácil" al endeudar al Ayuntamiento, en lugar de "gestionar los ingresos y los gastos".
"El ritmo de gasto durante los seis primeros meses del año fue absolutamente irresponsable", manifestó el alcalde, para quien en este periodo "se gastó más de lo que era normal". Ferreiro atribuyó esta política a la proximidad de las elecciones y acusó al PP de utilizar "los recursos de todos para intentar un rédito electoral". Para el regidor, este año "se liquidó prácticamente el remanente de tesorería" y si no se solicitara el crédito de 10 millones "habría un riesgo claro de terminar el año con un remanente negativo", por lo que a su juicio el anterior Gobierno local "rompió la hucha".
La concejal de Facenda, Eugenia Vieito, detalló que, de acuerdo con el informe de la tesorera municipal, la falta de recursos del Concello hace pensar que en los próximos tres meses se incumplirá el periodo legal de pago a proveedores, situado en 30 días, ya que en junio se alcanzaron los 29,4. El incumplimiento de este límite haría que la Xunta estableciera una "tutela financiera" sobre la gestión del Ayuntamiento, que el Gobierno local tratará de impedir mediante la solicitud de un crédito a corto plazo, ya que se devolverá en ocho meses, según anunció Vieito.
La responsable de Facenda aseguró que el anterior Gobierno local era conocedor de esta situación de las arcas municipales, ya que el informe conjunto del interventor y la tesorera es del 9 de junio y en el mismo se sugiere la realización de la operación de tesorería, que al ser a corto plazo puede ser autorizada por la propia concejal, quien solicitará ofertas a las entidades financieras. Vieito recordó que el crédito adjudicado la semana pasada por la Junta de Gobierno Local por valor de 12,3 millones de euros, cuya tramitación inició el Ejecutivo del Partido Popular, irá destinado a obras, en su mayor parte a pagar la del túnel de la Marina.
"Aquellos que reclaman estabilidad lo que nos ofrecen es una situación inestable política y económicamente", proclamó Xulio Ferreiro, para quien la situación financiera del Ayuntamiento "no es una invención del Gobierno local", ya que está respaldada por los informes de Intervención y Tesorería, de los que dijo que son "incómodos" porque fueron elaborados por "funcionarios independientes" y que por lo tanto son "objetivos". Al ser preguntado por la descalificación realizada por el PP al documento del interventor con el argumento de que asumía competencias de la tesorera, Ferreiro señaló que no existen diferencias entre los informes de ambos y que incluso redactaron uno conjunto el 9 de junio que ayer mismo corroboró la tesorera, por lo que exigió respeto a la "dignidad de los funcionarios públicos", de quienes aseguró que ofrecen "información veraz y contrastada".
Frente a esta defensa de la opinión de los altos funcionarios municipales, la concejal del PP Rosa Gallego calificó ayer al interventor como un "técnico medio", mientras que del informe de la tesorera dijo que se trata de "dos hojas" y que su objetivo es justificar la petición de un crédito. Para Gallego, que acusó a Vieito de "incumplir sus obligaciones", es necesario "un plan de tesorería serio y riguroso", pese a lo cual el alcalde anunció de forma unilateral la operación crediticia. El también edil del PP Roberto Coira declaró que lo ideal habría sido "gestionar los ingresos y gastos y tratar de acompasarlos para lograr el equilibrio adecuado" en lugar de solicitar un crédito, lo que Gallego interpretó como que Marea "anticipa que va a incumplir su programa".
La concejal estimó que el Gobierno local podría haber tomado medidas desde que recibió el informe del 9 de junio, como tramitar con urgencia los seis millones pendientes de cobro de los ingresos del Estado, un millón de fondos Feder, otro millón de la Diputación y cinco millones de dividendos de Emalcsa.
