Los convenios de 2004 firmados por el Gobierno local, entonces presidido por Francisco Vázquez, con el Ministerio de Fomento, primero con el popular Francisco Álvarez Cascos y después con la socialista Magdalena Álvarez, por el que se aprobaba la venta de cuatro muelles del puerto interior coruñés para financiar punta Langosteira incluían una cláusula con un objetivo: blindar la ejecución de la operación urbanística o atenerse al pago de indemnizaciones.
El convenio firmado con Álvarez Cascos, el único que aparece recogido en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) aprobado por el Ejecutivo de Carlos Negreira en 2013, especifica que en caso de que no se produzca la reordenación urbanística de los terrenos del puerto interior una vez hayan comenzado las obras de punta Langosteira, "la Xunta y/o el Ayuntamiento de A Coruña se comprometen a indemnizar a la Autoridad Portuaria por los daños y perjuicios que se le causen por insuficiencia de flujos financieros para el desarrollo de las obras". Aquel convenio llevaba estampada también la firma de los entonces conselleiro de Obras Públicas, Alberto Núñez Feijóo, y alcalde de Arteixo, Manuel Pose, ambos del Partido Popular.
Esta cláusula permaneció inalterada en la modificación que en 2004 haría del convenio la entonces nueva ministra de Fomento, en la que se fijó en un 50% el mínimo de viviendas de protección oficial en los solares, frente al 20% aprobado previamente. El PGOM aprobado por el PP no incluye este convenio. Fuentes del actual Gobierno local aseguran que el anterior Ejecutivo no lo incorporó al planeamiento ya que preveía muchísima más vivienda protegida que el número de demandantes en el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).
La génesis de esta operación urbanística se remonta al hundimiento del Prestige. La catástrofe llevó a Gobierno central, Concello y Xunta a proponerse sacar adelante la construcción de un puerto exterior que liberase la dársena de la ciudad, situada en pleno núcleo urbano. Las tres administraciones fijaron para la infraestructura un presupuesto de 630 millones de euros y diseñaron esta operación urbanística, con la que poder financiar un 23,8% del coste de Langosteira.
El acuerdo se materializó en un convenio que apuntaba a la recalificación de más de 430.000 metros cuadrados -correspondientes a los muelles de Batería, Calvo Sotelo, San Diego y su estación de ferrocarril de mercancías, y petrolero- que quedarían liberados con el nuevo puerto y que, atendiendo al plan, deberían ser vendidos a promotores, que tendrían permiso para construir viviendas, áreas comerciales y edificios institucionales en plena fachada marítima.
El crack del ladrillo de 2008 y los sobrecostes -que hicieron que la previsión de inversión ascendiese a 735 millones, según el propio Puerto- redujeron la capacidad de esta venta de contribuir a costear la infraestructura. "La venta de los muelles es pecata minuta dada la situación de la construcción", aseguraban en 2011 fuentes de Fomento que rechazaban la liberación de Batería y Calvo Sotelo al no ser "una urgencia económica" tras haberse concedido a la Autoridad Portuaria un crédito de 250 millones de euros.
El actual alcalde, Xulio Ferreiro, apostó el lunes en la reunión con la Autoridad Portuaria por dar un uso ciudadano a los terrenos y puso en duda que su venta fuese a reportar ingresos suficientes para financiar el costoso puerto exterioralcalde, Xulio Ferreiroreunión con la Autoridad Portuaria uso ciudadano a los terrenos venta puerto exterior. La postura no es nueva, sino que es uno de los 25 compromisos que la Marea Atlántica se comprometió a llevar a cabo durante sus cien primeros días de mandato en caso de hacerse con el Gobierno local. En concreto, su programa recoge el compromiso de "modificar la ordenación urbanística prevista en el PGOM" para el puerto interior y "revisar los convenios de 2004".
El presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, mantuvo un punto de vista opuesto. A su juicio, los muelles de Batería y Calvo Sotelo deberán ser liberados antes de 2017; el Petrolero, cuando concluya el traslado de Repsol a Langosteira -la empresa deberá mover al puerto exterior el 60% de su actividad antes de abril de 2018- y para el de San Diego no ofreció fecha.
