Las 25 promesas de la Marea Atlántica en su ecuador

►Auditoría y renegociación de la deuda. Aunque a su llegada al Concello buena parte de los esfuerzos del Gobierno se está centrando en conocer qué se ha gastado y cuál es el margen de maniobra presupuestario con el que cuenta hasta finalizar el año, hasta el momento no ha hecho público ningún proceso de renegociación de la deuda municipal. El único encuentro que el alcalde, Xulio Ferreiro, ha mantenido con entidades financieras fue con Abanca y, en él, aunque sí se trató el problema de los desahucios, no hubo ninguna palabra sobre una posible revisión de las condiciones de los préstamos concedidos al Concello. "Fue un encuentro de presentación", aseguró Ferreiro a su salida de la reunión que mantuvo en el Ayuntamiento hace un mes con el consejero delegado de Abanca, Francisco Botas; el vicepresidente, Juan Carlos Escotet, y el presidente, Javier Echeverría.

►Publicar contratos y permitir a la oposición estar presente en la Mesa de Contratación. Este Gobierno todavía no ha realizado ningún contrato por lo que no se han podido hacer públicos. En cuanto a la Mesa de Contratación, el Gobierno sí que ha cumplido su compromiso al haber aprobado, con el respaldo de toda la oposición en pleno, una propuesta de organización municipal que otorga una silla, con voz pero sin voto, a todos los partidos de la oposición en la Mesa de Contratación y, también, en la Junta de Gobierno Local, algo sin precedentes en la historia democrática del Concello.

►Auditoría de las concesiones. El Gobierno no ha hecho pública ninguna auditoría sobre ninguna concesión en concreto. Sí ha estudiado las consecuencias de remunicipalizar el servicio de la ORA. Después de que el anterior Gobierno lo hubiese dejado prácticamente cerrado, el Concello lo ha adjudicado finalmente al entender, tras recibir informes de asesoría jurídica e Intervención, que, de lo contrario, las arcas municipales se enfrentarían a un "riesgo económico grave". Al margen de la ORA, ha habido novedades en lo que tiene que ver con la concesión municipal del mercado de Santa Lucía, que finalizaba la pasada semana. El Concello anunció que la considera vigente hasta que la adjudicataria del servicio, la empresa Servicios Cerámicos, del grupo Epifanio Campo, entregue al Ayuntamiento las instalaciones en unas condiciones similares a las que tenía cuando ganó el concurso de explotación del servicio, para lo que le reclama reformas por importe de 600.000 euros.

►Creación de un Consejo Social. La Marea prometió la creación de un Consejo Social municipal, un organismo que aparece recogido en la ley de grandes ciudades y que permitiría a los colectivos sociales de la ciudad dar su opinión y hacerlos partícipes en la toma de decisiones del Concello. El organismo precisaría un reglamento de funcionamiento propio del que, hasta el momento, no ha habido noticia. En este sentido, la Marea también debería reformar el Reglamento de Participación Ciudadana, para lo que el actual acuerdo de organización municipal ya incluye la creación de una comisión específica para reformar esta normativa.

►Turno de preguntas ciudadano en los plenos. Otro de los compromisos de la Marea en materia de participación ciudadana es la apertura de un turno de intervención vecinal en los plenos. El actual Reglamento Orgánico Municipal faculta al alcalde a abrir un turno de ruegos y preguntas al finalizar cada pleno "sobre temas concretos de interés municipal", pero aún no ha habido un pleno ordinario para hacer efectiva esa prerrogativa.

►Creación de las Juntas de Distrito. El objetivo de esta medida, según el programa de la Marea, es el de "descentralizar" la gestión municipal de cara a promover la participación ciudadana en los barrios y acercar las dependencias municipales a los vecinos, que podrían acudir a entidades como los centros cívicos a solicitar información sobre, por ejemplo, el estado actual de ejecución de los presupuestos o partidas concretas destinadas a cualquier actuación en un barrio. Hasta el momento no ha habido ninguna noticia sobre el desarrollo de estas juntas de barrio, una figura que aparece recogida en la actual Ley de Bases del Régimen Local y que necesitaría también del desarrollo de un reglamento específico.

►Reducir un 50% el coste del Gobierno local. De acuerdo con los cálculos realizados por este diario, la reducción del coste del Gobierno, incluyendo los asesores de la oposición, es de un 48%. Contando sueldos de concejales y alcalde, de directores de área y de asesores de todos los grupos, la Marea destinará anualmente a esta partida 1,009 millones de euros, frente a los 1,937 que se destinaban en tiempos del PP. En lo que se refiere a los sueldos de los diez concejales de Marea, el ahorro con respecto al Gobierno local de Negreira, con 14 ediles, es de 51,8%. Mientras que ahora los diez ediles solo recibirán 320.000 euros brutos anuales, los del PP ingresaban 633.000 euros.

► Hacer públicas las declaraciones de bienes e IRPF de los ediles. El actual Gobierno se comprometió en campaña a publicar anualmente las declaraciones de bienes y de IRPF de los concejales del Ejecutivo. La promesa ya es realidad y cualquier ciudadano puede acceder a esta documentación en la página web municipal. También habían prometido que no haría uso de ningún coche oficial, algo que han cumplido hasta el momento. A modo de anécdota, los concejales de Mobilidade Sostible, Daniel Díaz, y el de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, usan para desplazarse dos bicicletas eléctricas propiedad del Concello y que carecían de uso hasta ahora.

► Nula colaboración con los desahucios y entidades financieras que los impulsen. La Marea prometió no colaborar con ningún desahucio así como cancelar los saldos en entidades bancarias que los ejecuten. Hasta el momento, el nuevo Ejecutivo no ha tenido que afrontar ningún desalojo de una vivienda aunque los Servicios Sociales sí que están mediando en varios casos. Solo mantuvieron un encuentro con directivos de Abanca en el que Ferreiro les mostró el interés del Concello por hacer uso del parque de vivienda vacía que posee la entidad en la ciudad con el objetivo de darle un uso social. La propuesta está actualmente estudiándose por parte del banco que, según el alcalde, se mostró "receptivo". Hasta el momento no se ha cancelado ningún saldo en ningún banco, como sí ha ocurrido en otros ayuntamientos de Galicia, como Lalín, donde su Gobierno retiró 600.000 euros de una cuenta de Bankia.

►Plan Municipal de Empleo. En una entrevista reciente con este diario, el concejal de Emprego e Economía Social, Alberto Lema, aseguraba que este documento será el fruto de las conversaciones que mantengan con el conjunto de agentes económicos implicados en la creación de puestos de trabajo. El objetivo, decía, era el de dotarse de una planificación estratégica que actuase como hoja de ruta de la actividad municipal y que pudiese ser "enmendada" o "discutida". "Hace falta planificación frente a la improvisación de los cuatro años anteriores", aseguraba.

►Fomento del comercio de proximidad. Tampoco hay ninguna medida que ya se haya materializado en este sentido por ahora. Lema señalaba en una entrevista reciente con LA OPINIÓN que esta cuestión deberá ser debatida con el propio sector y, como acción concreta, planteaba la creación de un banco municipal de bajos comerciales que permitiese a los pequeños empresarios contar con un establecimiento por un precio más reducido que el que se ofrece en el mercado privado. El concejal llamaba, eso sí, a trascender las tradicionales campañas informativas de promoción del comercio local para "explorar nuevas vías".

►Renta Social Municipal. Aunque los trámites ya han comenzado, todavía no se ha puesto en marcha esta renta, que se presentó en campaña como una de las grandes propuestas de la Marea Atlántica. La concejal de Xustiza Social e Coidados, Silvia Cameán, aseguraba en una reciente entrevista con este diario que ya cuenta con un informe elaborado por los técnicos, que ha sido puesto en manos de los servicios de fiscalización, que analizarán la viabilidad de la medida. En su diseño final, Cameán aseguró que prevé contar con la participación de los trabajadores municipales que se implicarán en la puesta en marcha de la ayuda, si bien rechazó hablar de fechas. La previsión de Marea era otorgar ayudas de entre 400 y 700 euros a en torno a 1.200 familias de la ciudad que se encuentran en riesgo de exclusión social.

►Incrementar recursos en servicios de Igualdad. La primera modificación del presupuesto, aprobada inicialmente por la Junta de Gobierno Local este viernes, incluyó un incremento de 112.000 euros en las becas de comedor escolar, 100.000 euros más para Cáritas, 20.000 euros más para subvenciones a familias y entidades sin ánimo de lucro para la rehabilitación de edificios en el casco antiguo, 8.900 euros para un convenio con la Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga y 3.000 euros para un acuerdo con Alcer para un programa de ejercicio físico y psicosocial destinado a enfermos crónicos de riñón y familiares.

►Plan director para la erradicación de asentamientos precarios. No ha habido novedades concretas sobre este plan, en torno al que tanto Cameán como el concejal de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, aseguran estar ya trabajando. Desde el Concello afirman que este documento deberá ser elaborado desde varias perspectivas, incluyendo cuestiones relacionadas con la inserción laboral, la sanidad, la educación o la vivienda. Algunos concejales, incluido el alcalde, hicieron en las últimas semanas una visita a estos asentamientos para conocer la disposición de sus vecinos a la hora de elaborar un documento de este tipo que, entienden desde el Gobierno, debe contar con la opinión de los propios residentes afectados.

►Tributación progresiva. El Concello se comprometió a aprobar durante los cien primeros días de mandato cambios en el sistema de tributos municipal. En concreto, apostaban por una rebaja de la tasa del agua "para ajustarla al coste real del servicio", más bonificaciones para el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para familias numerosas y vivienda protegida y recargos a las viviendas vacías propiedad de entidades financieras. Hasta el momento no ha habido ningún cambio.

►Cambio de criterios de contratación pública. El Gobierno se comprometía en su grupo de 25 primeras medidas a introducir en los pliegos de condiciones cláusulas de tipo social o ambiental, favoreciendo la incorporación de mujeres al mercado laboral, por ejemplo. Hasta el momento el nuevo Ejecutivo no ha realizado ningún cambio de criterio en este sentido ya que tampoco ha sacado a concurso ningún tipo de obra o servicio. El nuevo Gobierno solo ha dado luz verde al contrato de la ORA, que pasará a ser gestionado por Setex. Este contrato ya había quedado prácticamente cerrado por el anterior Ejecutivo y, aunque desde la Marea aseguran que tratarán de que en el futuro pase a manos municipales, ahora se lo han otorgado a una empresa privada ya que, no hacerlo, podría suponer "un riesgo económico grave" para las arcas municipales. El nuevo Gobierno también ha paralizado el procedimiento para ejecutar la reforma de la Rosaleda de los Jardines de Méndez Núñez, con lo que prevé ahorrar 420.000 euros. El plan del Concello es realizar esta misma reforma el próximo año pero contando con los jardineros municipales.

►Aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Los nombres honrando a los personajes de la dictadura franquista todavía siguen sin tocarse en el callejero pero el alcalde ya se ha comprometido públicamente a retirar estas referencias. Aunque no ha concretado plazos, Ferreiro ha asegurado que su intención es hacer de la retirada de estos símbolos un proceso "participativo" que cuente con un acto público "festivo" con el que celebrar "la dignidad y la memoria".

►Revitalización de bibliotecas y centros cívicos. Si bien la concejal del ramo, Silvia Cameán, manifestó su intención de dotar a los centros cívicos de un mayor peso a la hora de ofrecer atención social en los barrios, no se ha tomado ninguna decisión en este sentido por el momento. Sobre si se va a llevar a a cabo algún tipo de recorte en las actividades socioculturales de estos centros, Cameán dijo que "el cambio por el cambio no es bueno" y que solo reformarán aquellas cuestiones que "no funcionen bien".

►Instar a la Xunta a abrir centros educativos fuera del horario lectivo. Hasta el momento, los colegios e institutos no se han abierto fuera del horario escolar. La idea de la Marea era tratar de aprovechar las instalaciones de estos centros para paliar la ausencia de equipamientos, por ejemplo, deportivos. En su programa hablaban de la necesidad de firmar un convenio con la Consellería de Educación sobre esta cuestión. Solo el alcalde ha mantenido un encuentro formal con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el que la firma de este acuerdo no ha estado entre los temas debatidos, según lo trasladado a los medios de comunicación. A la semana de llegar al poder, el Gobierno local anunció que facilitaría vales de comida o entregaría alimentos a domicilio, en función de las necesidades de cada familia sin recursos. El programa arrancó con 60 menores y 46 adultos, con un gasto de 31.000 euros, frente a los 4.500 euros que dedicó, según Marea, el Gobierno local del PP.

►Revisión del planeamiento urbanístico. Este era uno de los 25 puntos para los 100 primeros días con mayor carga de trabajo. El nuevo Gobierno se comprometió a realizar modificaciones puntuales del actual Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) de Ciudad Vieja y Pescadería para modificar el actual planeamiento de los muelles del puerto interior -impidiendo la construcción de viviendas y apostando por el "uso público dotacional"-, reordenar el parque ofimático, impedir nuevos edificios en el entorno de la Torre de Hércules y paralizar del Museo del Automóvil de Bens, al que se comprometían a buscar una localización alternativa. Aunque hasta ahora estas modificaciones no se han aprobado -deberían ser aprobadas en pleno y el acuerdo de organización municipal todavía salió adelante hace un fin de semana- el Gobierno municipal ya se ha comprometido a bloquear los cambios en el PGOM necesarios para construir el Museo en Bens y ha asegurado que se encuentra trabajando en los cambios del parque ofimático, analizando la posibilidad de suprimir el puente proyectado sobre Alfonso Molina para crear una conexión al polígono a través de un carril junto al edificio Proa. Con respecto a los muelles portuarios, este asunto fue la causa del cruce de declaraciones de esta semana entre Ferreiro y el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada. El alcalde le trasladó su intención de que esos terrenos no se utilicen para la construcción de viviendas sino para "usos ciudadanos", mientras que Losada exige que se vendan, tal y como se prevé en los convenios firmados por el Concello en 2004, para financiar parcialmente las obras del puerto exterior. Aquellos acuerdos fueron firmados en los tiempos en que el boom inmobiliario hacía de estos solares una joya codiciada para los promotores. Ahora, tras el crack de 2008, el precio sería bastante inferior al previsto por aquel entonces.

►Revisión de los acuerdos de Someso. El Gobierno sí cumplió con su promesa de revisar de oficio los acuerdos adoptados sobre Someso en tiempos de Francisco Vázquez. Tras la reiterada negativa del Partido Popular mientras estuvo al frente del Gobierno municipal, el nuevo Ejecutivo anunció que se retirará del procedimiento contable abierto en el Tribunal de Cuentas al considerar que la denuncia del Ayuntamiento estaba "condenada al fracaso" por no haberse realizado la revisión de los acuerdos. A pesar de que creen que ya no será posible reclamar responsabilidades económicas, la segunda decisión adoptada fue impulsar la revisión de los convenios mediante el envío al Consello Consultivo de Galicia de la acción de nulidad de esos acuerdos que había presentado el BNG en febrero de 2013.

►Reordenar la fachada marítima municipal. El Gobierno todavía no ha dado ningún paso efectivo pero Ferreiro ya ha manifestado su intención de revisarla para convertir los muelles del puerto interior en solares de uso dotacional público, prohibiendo así la edificación de inmuebles de viviendas. La actual ordenación, recogida en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), es consecuencia de los convenios firmados en 2004. El plan consistía en vender los terrenos a promotores privados para, con el dinero ingresado, financiar parcialmente el puerto exterior. Esos convenios incluyen una cláusula por la cual el Concello se comprometía a indemnizar a la Autoridad Portuaria si, en el momento de construcción del puerto exterior, no se hubiese cambiado la ordenación de estos terrenos. Sobre esta cuestión, Ferreiro aseguró que el Concello "ya cumplió con sus obligaciones" del convenio y que fue el Puerto quien no desafectó los terrenos y no promovió la modificación del plan especial.

►Fin de las ayudas a los toros. La Marea se había comprometido a no ceder ningún recurso municipal para la celebración de las corridas de toros y lo ha cumplido. El Concello alegó "razones de interés público" para rescindir el contrato de la feria taurina con la empresa Tauro Siglo XXI. El Gobierno consideró que la medida ahorrará dinero al Concello ya que estiman que la cantidad con la que tendrán que indemnizar a la empresa rondará los 10.000 euros mientras que la realización de las corridas costaría a las arcas municipales alrededor de 60.000 euros.

►Eliminar los vertidos a la ría de O Burgo. El Gobierno local ha afirmado que la Concejalía de Medio Ambiente ya trabaja en el sellado de todos los vertidos que pudiesen proceder del término municipal coruñés a la ría. "Vamos a cumplir con ese compromiso", manifestó Ferreiro hace dos semanas, tras indicar que desde el Concello también se exigirá a la administración autonómica y central que asuman sus "responsabilidades". Según el alcalde, la de la limpieza de los fondos de la ría, una de las peticiones de los mariscadores de la zona, fue una de las preocupaciones que trasladó a Feijóo en el encuentro que ambos celebraron en San Caetano.

►Plan de mejora de la eficiencia energética. El Gobierno, por el momento, no ha anunciado ninguna medida relativa a su promesa de combatir el cambio climático a partir de la "mejora de la eficiencia y el ahorro energético". Para la prometida reordenación y ampliación de las líneas de transporte urbano, han comenzado las reuniones con colectivos y empresa concesionaria. No hay noticias del plan de mejora ambiental de parques y espacios públicos.