El Concello, sin el Consejo Social y del Defensor del Vecino, aprobados en 2004

Aquel reglamento, aún vigente y que la nueva Corporación se propone revisar sin que haya llegado a aplicarse en una década, se aprobó con los votos a favor del PSOE, con Francisco Vázquez como alcalde, y del PP, liderado por Fernando Rodríguez Corcoba, y el voto en contra del BNG, cuyo portavoz era Henrique Tello. El consenso entre socialistas y populares apenas duró medio año, el justo para que Corcoba se sintiera traicionado por Vázquez al anunciar éste su intención de incumplir su compromiso de incluir en el Consejo Social a la Federación de Vecinos Salvador de Madariaga, alternativa a la mayoritaria, más longeva. Francisco Vázquez no llegó a traicionar el acuerdo porque el Consejo Social jamas llegó a constituirse.

El destino de este "órgano consultivo de la Corporación en materia social y económica", como lo define el reglamento, ejemplifica el de la inmensa mayoría de los artículos de la normativa. La ley de grandes ciudades, en vigor desde el 1 de enero de 2004, obligaba al Ayuntamiento a dotarse de nuevas normas, entre ellas el reglamento de participación. El Concello aprobó el documento, pero no mostró en once años el mínimo interés en desarrollarlo.

EObjetivo incumplido. El reglamento de 2004 nació fruto de una ley que "establece unos estándares mínimos" para la participación ciudadana en el Ayuntamiento con el ambicioso fin de situar a la Administración local en una "línea avanzada" en Europa. La ley se aprobó y el reglamento, también, pero los sucesivos Gobiernos locales de A Coruña (PSOE, PSOE-BNG y PP) se desentendieron de su aplicación.

EDos distritos con capacidad presupuestaria que no decidieron el destino de ni un solo euro. La mayor aportación a la participación incorporada al reglamento de 2004 descentralizaba la decisión sobre el presupuesto del Ayuntamiento, por mandato de la ley de grandes ciudades. El municipio quedaba dividido, administrativamente, en dos distritos, el de Pescadería y el de Oza, con la ronda de Nelle y la avenida de Arteixo como fronteras. Cada uno de ellos, con su propio concejal al frente y con representantes de asociaciones vecinales como vocales, tenía encomendada la gestión del 5% del presupuesto del Ayuntamiento reservado para inversión en obras. En 2015, ese 5% equivaldría a 1,8 millones de euros para cada distrito.

EComisión de sugerencias y reclamaciones con una única reunión al año. El reglamento de participación ciudadana remite a la creación, a través de la norma de funcionamiento del Ayuntamiento, de una comisión de sugerencias y reclamaciones, integrada por representantes de todos los grupos municipales, para "garantizar" la defensa de los derechos de los vecinos. En la práctica, esta comisión se reúne solo una vez al año para elevar al pleno municipal el Informe Anual de Sugerencias y Reclamaciones, que recoge todas las presentadas por vecinos al Ayuntamiento el año anterior, con el detalle de la respuesta municipal y si esta solucionó el problema. La comisión ralentizó su trabajo en el último mandato y retrasó cada vez más la aprobación del informe. El correspondiente a 2013, el último que tramitó, no se trasladó al pleno municipal para su toma de conocimiento hasta diciembre de 2014. Del dictamen del año pasado, nada se sabe todavía.

EUn Defensor del Vecino sin designar. La normativa de participación menciona en su exposición de motivos otra "importante" figura: el Defensor del Vecino. El reglamento orgánico municipal recoge, en su título octavo, la creación de esta figura "con el fin de defender los derechos de los vecinos ante la Administración municipal". Su constitución, organización y funcionamiento requerían la aprobación de un reglamento "específico e independiente", que no ha llegado a tramitarse en once años.

EConsejo Social Coruñés aún por constituir. Este órgano consultivo estaba llamado a convertirse en el foro "independiente" de reflexión y asesoramiento del Ayuntamiento en materia social y económica, con presencia de las "principales organizaciones sindicales y sociales del municipio en los campos del desarrollo local y la planificación estratégica". De él debían formar parte, por imperativo del reglamento de participación, los exalcaldes de la ciudad, tres fundaciones, dos sindicatos, una agrupación de empresarios, dos representantes vecinales, el rector, el gerente del Hospital de A Coruña, la empresa de aguas, y dos delegados de entidades sin ánimo de lucro. También tenían asiento en este ente los presidentes de la Cámara de Comercio, la Autoridad Portuaria, las asociaciones de empresarios de A Grela y Pocomaco, las asociaciones de padres y madres, y el Instituto José Cornide. Entre las funciones que tenía encomendadas, figuran dictaminar el Plan General de Ordenación Municipal antes de su aprobación y cualquier proyecto de infraestructuras cuyo presupuesto supere los diez millones de euros, por lo que, por ejemplo, debería haberse pronunciado sobre el túnel y la urbanización de la Marina antes de comenzar la construcción. Otros asuntos sobre los que debería pronunciarse, siempre a consulta de alcalde, pleno o junta de gobierno, eran aquellos relacionados con "el desarrollo local, la planificación estratégica de la ciudad y los grandes proyectos urbanos". En el primer semestre de cada año, el Consejo Social Coruñés debía emitir un informe con sus "consideraciones sobre la situación económica y social de la ciudad, así como sus expectativas de futuro y propuestas de acción". A pesar del detalle con el que el reglamento de participación ciudadana establece su funcionamiento y de que los presupuestos municipales llegaron a consignar inversiones simbólicas para su creación, el Consejo Social Coruñés nunca ha llegado a constituirse.

ESin voz para los vecinos en el pleno. El público que asista a las sesiones de la Corporación tiene derecho, en aplicación del reglamento, a plantear "ruegos y preguntas sobre temas concretos de interés municipal". La apertura de este turno de intervenciones corresponde al alcalde, que lo puede cerrar "cuando lo estime oportuno". Ninguno de los últimos tres alcaldes -Vázquez, Losada y Carlos Negreira- abrieron este turno de intervención de los vecinos. Al final de su mandato, Negreira negó la palabra a una madre que había protestado por la ausencia de monitores para niños con diversidad funcional en algunos campamentos municipales de verano.

ERechazada la única solicitud de consulta popular. El reglamento faculta a los ciudadanos a defender iniciativas populares o reclamar la convocatoria de consultas ciudadanas sobre asuntos de competencia municipal, siempre que estén avaladas por al menos el 10% de la población de A Coruña, por lo que requerirían en torno a 24.000 rúbricas. En diez años, solo consta la solicitud de consulta popular sobre la aportación económica del Ayuntamiento a la feria taurina, presentada por la plataforma Galicia, mellor sen touradas. El Ayuntamiento, bajo el mandato de Carlos Negreira, la rechazó por no considerarla procedente y cuestionando la validez de las firmas aportadas. El Gobierno local solo contestó formalmente a esta iniciativa popular después de recibir el apercibimiento del Valedor do Pobo por negarse inicialmente a dar respuesta.

EOrdenanzas sin participación regulada. Con la entrada en vigor del reglamento, el Ayuntamiento se obligaba a incluir en toda su normativa "una sección relativa a las formas de participación ciudadana aplicables a la materia regulada". En caso de que no fuera posible, se debería recoger "de forma expresa". Las ordenanzas aprobadas desde entonces carecen de referencia a normas de participación o justificación por su ausencia.

EConsejos ciudadanos inexistentes. En once años, el Ayuntamiento no ha constituido los consejos de participación regulados antes de implantar servicios o actividades, con objetivo de recibir asesoramiento y plasmar demandas ciudadanas. Durante la etapa de Javier Losada como alcalde, el Ayuntamiento, sin llegar a constituir esos órganos, comenzó a invitar a la Federación de Asociaciones de Vecinos de A Coruña y entidades profesionales, como el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, a los jurados que decidieron reformas de espacios como la plaza de Pontevedra y el frustrado proyecto de la rehabilitación de la Marina encargado a José González-Cebrián en marzo de 2007. El diseño que se ejecuta en la actualidad, contratado y financiado por la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento en 2013, es obra del arquitecto Luis Collarte.

ESin comité técnico que asesore. El Ayuntamiento tampoco se ha dotado del Comité Técnico Municipal de Planificación Participativa recogido en el reglamento para "reflexionar, diseñar, orientar y avanzar" en este campo. En la normativa aprobada hace once años, el Ayuntamiento depositaba en este órgano grandes esperanzas, para las que no puso los cimientos: "Será el instrumento encargado de coordinar tan variada, compleja e innovadora estructura participativa, que conformará nuestra forma de entender la gobernanza en el nuevo marco de la Unión Europea ampliada".

EPeticiones vecinales: por registro y sin respuesta. El Ayuntamiento se impuso en su reglamento contestar a los requerimientos de información o aclaración formulados por vecinos. A lo largo de la última década, diferentes asociaciones, plataformas o entidades se han quejado de la falta de respuesta municipal a sus escritos, con advertencias incluso del Valedor do Pobo al Ayuntamiento. Esta redacción también ha comprobado como varias de sus peticiones por registro no eran respondidas por los diferentes Gobiernos locales.