El entonces alcalde coruñés, Javier Losada, citó en mayo de 2007 a Caixa Galicia, el empresario Manuel Jove, la Xunta y la Administración central entre los interesados en instalarse en los muelles de la Batería y Calvo Sotelo cuando se autorizase su urbanización. En aquel momento España se encontraba en pleno boom inmobiliario y nada hacía sospechar el desplome de este mercado que se produciría poco después. Pero cuando Losada hizo aquel anuncio, las instituciones y empresas competían por hacerse con los mejores terrenos para levantar sus sedes, como Caixa Galicia, que proyectaba instalar su nuevo edificio corporativo en estos muelles, donde el Gobierno autonómico pretendía por su parte construir el complejo que albergaría los órganos judiciales de la ciudad, mientras que el Ejecutivo central estudiaba la instalación allí de las delegaciones de los ministerios. Ya en aquel momento se apostaba por adelantar la fase de venta de suelo en los muelles y por aprobar un nuevo plan de usos, aunque ese trámite no se realizó hasta 2012, con una situación inmobiliaria radicalmente diferente.