La promotora de la feria taurina suspendida este verano cifra los daños originados por la cancelación en una cantidad casi tres veces superior a la recaudación final obtenida en la edición del año pasado, que se celebró a comienzos de octubre en la festividad del Rosario.

Tauro Siglo XXI calcula que este año, con la rescisión del contrato resuelta en julio pasado por el alcalde y presidente del IMCE, Xulio Ferreiro, sufrió un perjuicio de 306.632,50 euros en concepto de daño emergente, es decir, el derivado de los gastos ocasionados por la suspensión y que asume el promotor. Además tuvo un lucro cesante de 61.326,50 euros, el valor de los ingresos que dejó de obtener. La suma es de 368.000 euros, que contrasta con los 144.757 euros que el espectáculo de 2014 recaudó, según consta en el expediente municipal.

Este documento refleja la venta de 5.665 entradas para los dos días de corridas en el Coliseum, una cifra ligeramente superior a la de los pases gratuitos repartidos por la organización, 5.251. El dato que no aporta el expediente es el del número de espectadores que acudieron al espectáculo taurino. El Concello gastó el año pasado, según el mismo informe, 35.387 euros en la organización, en aspectos como el montaje de la barrera o la tierra del coso.

La diferencia entre la recaudación obtenida el año pasado y los daños que calcula la empresa organizadora de la feria fueron recogidos ayer en una nota por el colectivo Galicia Mellor sen Touradas, que califica de "estrafalaria" la indemnización reclamada. "Sorprende la reclamación de lucro cesante cuando en la pasada edición casi la mitad de los espectadores acudieron gratis a los dos días de feria, lo que evidencia la estratagema" de la promotora, apunta la agrupación.

El abogado de Tauro Siglo XXI matiza no obstante en un escrito enviado al Concello que es "imposible cuantificar" el importe concreto de los daños provocados por la cancelación de la feria taurina, y reclama la devolución de 15.000 euros entregados en concepto de aval.

El Gobierno local decidió dejar sin efecto el contrato de la feria de este mes de agosto alegando como "causa de interés público" la "preservación del bienestar animal evitando la celebración de festejos o eventos que favorezcan el sufrimiento animal". La promotora taurina replicó negando dicho interés público al señalar que la tauromaquia está regulada en el Estado como "patrimonio cultural".