Los trabajadores despedidos de la fábrica de armas de A Coruña solicitaron formalmente ayer una reunión con el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, para conocer si la empresa Hércules de Armamento, adjudicataria de las instalaciones, incurrió en delitos fiscales o falsedad documental. El Ministerio de Defensa ha afirmado hasta ahora que la concesionaria ha cumplido sus compromisos.

El antiguo comité de empresa de la fábrica presentó a mediodía de ayer por escrito la petición en el registro de la Delegación para que les reciba "a la mayor brevedad posible", igual que solicitaron el 29 de junio. El que era presidente del comité, Roberto Teijido, considera que ya ha transcurrido "un tiempo prudencial" desde que el delegado del Gobierno "se comprometió a hacer gestiones" sobre este asunto, en referencia al escrito de respuesta que Villanueva les remitió el 15 de diciembre de 2014. En él, el delegado comunicaba a los extrabajadores de la fábrica que había trasladado su petición a la Agencia Tributaria y que ésta se encargaría de realizar "las actuaciones pertinentes".

Teijido manifestó ayer que quieren "saber si su denuncia es cierta o no" e incidió en que la empresa Hércules de Armamento puede haber cometido delito "en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias". Según Teijido, una empresa que concurre a una adjudicación convocada por el Ministerio de Defensa, como fue el caso del concurso abierto para la fábrica de armas, tiene que "estar al día en sus obligaciones".

El resultado de la adjudicación de las instalaciones de la fábrica, que consiguió Hércules de Armamento, fue conocido el 15 de septiembre de 2014. Este grupo de trabajadores, vinculado a UGT, se había mostrado en las semanas previas favorable a IFFE, la otra empresa que concurría al concurso. Algo más de un año antes, en febrero de 2013, Santa Bárbara Sistemas, integrada en la multinacional estadounidense General Dynamics y concesionaria de la fábrica, anunció el cierre del centro con un ERE que afectó a una plantilla de 172 trabajadores, tras el que Defensa convocó el concurso.