El campus de A Coruña dejará de ser el único del sistema universitario gallego sin una sola plaza de alojamiento público para sus estudiantes si prospera el acuerdo entre el alcalde, Xulio Ferreiro, y el presidente de la Diputación, González Formoso, para abrir este alojamiento en el colegio Calvo Sotelo, en Labañou. El edificio es propiedad de la Diputación de A Coruña y ya había estado en el punto de mira el año pasado, pero las conversaciones entre Universidad, Ayuntamiento y Diputación no llegaron a cristalizar en ningún proyecto concreto.

Con unas 60 habitaciones dobles que sirven de hospedaje para excursiones de alumnos y otras actividades, el Calvo Sotelo podría paliar una carencia que la Universidad sufre desde su nacimiento, hace 26 años. Tanto Ferreiro como González Formoso mostraron buena disposición para alcanzar un acuerdo durante este año escolar. Las negociaciones, de llegar a puerto, pondrían fin a una larga lista de proyectos de residencia pública que avanzaron o retrocedieron según la situación económica, pero sobre todo política, de cada momento.

Actualmente, la Universidad ya no cuenta con plazas de residencia concertadas, como venía ocurriendo desde que en 1994 firmó el acuerdo con la recién construida Residencia Rialta, en Culleredo. Para el curso que ahora comienza, la Universidad ha sustituido ese concierto por subvenciones directas para un máximo de 240 estudiantes por importe de 140 euros mensuales. Serán los propios alumnos los que escojan la forma de alojamiento que más les convenga.

El proyecto de residencia pública en la ciudad que más lejos llegó fue puesto en marcha en septiembre de 2007 por la Consellería de Vivenda e Solo, dirigida durante la etapa del bipartito por Teresa Táboas. La Xunta llegó a iniciar las expropiaciones de casi 70 parcelas -un total de 44.000 metros cuadrados- entre la facultad de Informática y el núcleo rural del castro de Elviña para la construcción de una residencia con capacidad para 600 plazas. Por el diseño, un estudio catalán recibió 669.000 euros, pero la obra, planeada para ser estrenada en 2009, nunca llegó a adjudicarse. Tras la entrada del Partido Popular en los gobiernos autonómico y local, en 2009 y 2011, el proyecto se paralizó definitivamente.

El PP esgrimió escasez de fondos públicos para llevar a cabo la residencia, cuyo presupuesto para urbanización y edificación rondaba los 20 millones de euros. El entonces conselleiro de Medio Ambiente, Obras e Infraestructuras, Agustín Hernández, calificó el proyecto escogido por el anterior Ejecutivo de "despilfarro de recursos públicos" y prometió levantar un complejo residencial distinto por un importe cercano a los diez millones.

Tanto la construcción como la posterior gestión de la nueva residencia serían privadas, según la propuesta de Hernández, algo que la Universidad nunca llegó a aceptar. El rector de la Universidad en aquel momento, José María Barja, se mostró dispuesto a negociar únicamente si la gestión de la residencia, una vez construida, fuese pública, del mismo modo que ocurre en el resto de las universidades gallegas. En las mismas coordenadas se situó su sucesor, Xosé Luís Armesto, por lo que la situación quedó aparcada.

Donde sí hubo avances en ese período fue en el campus de Ferrol. El Ayuntamiento cedió allí un edificio de Asuntos Sociales, situado en el céntrico barrio de la Magdalena, para una residencia pública de 22 plazas que comenzó a andar en 2013. El modelo ferrolano fue tomado como referencia por el Concello de A Coruña y la Universidad para una posible aplicación en la ciudad.

A finales del año pasado, Ayuntamiento y Universidad intensificaron las negociaciones ya con la propuesta del Calvo Sotelo sobre la mesa. Armesto declaró en noviembre de 2014 que tenía la esperanza de que "en uno o dos meses" el plan se acabase por concretar, pero en diciembre ya afirmó que no habría residencia pública durante el curso que empieza. En víspera de las elecciones municipales, el expresidente de la Diputación, Diego Calvo, aplazó cualquier decisión sobre la residencia al acuerdo que alcanzasen los nuevos Gobiernos local y provincial salidos de los comicios.

El asunto volvió a la palestra tras la llegada de Marea Atlántica al Ejecutivo local. El alcalde, Xulio Ferreiro, propuso analizar la conversión en residencia pública del hotel Atlántico, cuya concesión finaliza en 2017, aunque lo supeditó a que no existiera otra alternativa. El rector calificó la idea de "maravillosa", pero no descartó "volver sobre el Calvo Sotelo", que ahora regresa como la opción más probable. Concello, Diputación y Universidad se reunirán en próximas fechas para valorar conjuntamente el proyecto. El Ayuntamiento prevé destinar el edificio del hotel Atlántico a usos públicos cuando concluya la concesión.