Los jueces decretan la insolvencia total de las entidades de Crespo

El Fogasa tiene que asumir las indemnizaciones a su plantilla - El empresario se declaró arruinado tras la 'operación Zeta'

29.08.2015 | 01:35

El empresario y portavoz vecinal del Ensanche, Gerardo Crespo, se declaró "arruinado" como consecuencia de la 'operación Zeta', una investigación abierta en 2011 sobre el supuesto uso fraudulento de subvenciones para empleo y discapacitados, en la que permanece imputada una treintena de personas. Los jueces de lo Social están decidiendo sobre la situación de la antigua plantilla del entramado investigado y declaran insolventes las entidades de Crespo

El Fondo de Garantía Salarial tendrá que asumir las indemnizaciones a trabajadores de las empresas y entidades de Gerardo Crespo, una vez que los jueces han confirmado que estas se encuentran en situación de insolvencia, según recogen varios edictos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los juzgados de lo Social números 2, 3 y 5 de A Coruña se han pronunciado sobre las denuncias de trabajadoras de entidades del grupo de Crespo, como la Fundación para el Desarrollo de la Empleabilidad (Fundefo), Gecreri y Azetanet Consultoría y Formación, investigadas por el juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña bajo el nombre de operación Zeta, cuyas pesquisas se iniciaron en el año 2011 y cuyo secreto de sumario se levantó a finales del pasado 2014.

Durante sus declaraciones ante el juez, tanto Crespo como su mujer se declararon "arruinados" desde que la operación Zeta provocó la suspensión de pagos y cierres de sus empresas. El conocido empresario y líder vecinal, investigado por la Policía Nacional por posibles irregularidades en el uso de subvenciones (la mayoría autonómicas) a través de dos de las entidades que presidía, se declaró en septiembre de 2014 en concurso voluntario junto a su mujer. El juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña dictó hace un año el auto de declaración de concurso del matrimonio.

En los últimos edictos publicados en el BOP, los jueces analizan un posible embargo para el pago de indemnizaciones a las trabajadoras. Confirman que Fundefo está en una situación de "insolvencia total" para abonar, en uno de los casos, los 12.546 euros que se le adeudan a una empleada, por lo que se le aportará un certificado para que pueda recurrir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Se archivan las actuaciones "sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevo bienes del ejecutado". El resultado judicial es el mismo para otra compensación adeudada de 5.215 euros, que se exige a Fundefo, y otra de 7.513 euros, requerida a Gecreri y Fundefo.

La Zeta suma una treintena de imputados, que comenzaron a declarar el pasado febrero en el edificio de Nuevos Juzgados. Son sospechosos de participar en el fraude de más de 20 millones de euros en subvenciones, concedidas entre 2008 y 2012. La operación le costó sus puestos a tres altos cargos de la Consellería de Traballo.

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