El Concello se tiene que personar en tres recursos contencioso-administrativos, de nuevo, a cuenta del parque ofimático. El juez ha admitido a trámite varias reclamaciones contra la última modificación del ordenamiento del sector, aprobada en diciembre de 2014 por el anterior Gobierno local, principalmente para eludir una indemnización a Adif, que había ganado un proceso judicial anterior.

A principios de 2013, cinco años después de la entrada en vigor del plan parcial del sector del ofimático, la Concejalía de Urbanismo comenzó a tramitar una modificación en el documento. En mayo de ese año, el pleno la aprobó de forma inicial y recibió 19 alegaciones de constructores, cooperativas, vecinos y Xestur. Para incluir las respuestas a los recursos y atender a estas cuestiones, Urbanismo abrió por segunda vez una nueva exposición pública, dados los cambios "sustanciales", antes de su aprobación definitiva.

El más importante de ellos, la inclusión de un minipolígono al borde de Matogrande donde Adif, dependiente de Fomento, pudiese construir edificios de uso residencial y comercial con 66 pisos. El plan ubicó los bloques en lo que era una zona verde, porque encima de las vías habría "vibraciones". Esto se hizo en cumplimiento de un fallo judicial en el que se reconocía a Adif aprovechamiento urbanístico, que el Concello rechazaba pagar en patrimonio de suelo municipal o con una indemnización.

Otro cambio importante fue la supresión de la primera galería soterrada de servicios de la ciudad -prevista en la urbanización-, un túnel de dos millones de euros y dos kilómetros de longitud, que permitiría arreglar o mantener el abastecimiento de agua, luz y cable sin picar en superficie, entre otras prestaciones. Un objetivo era rebajar los costes de la urbanización, que acomete Acciona. La comparativa del presupuesto inicial al que acompañaba al plan parcial, en su segunda exposición pública, desvelaba una partida sensiblemente superior, correspondiente al movimiento de tierras, en aquel momento, la única fase de la obra que estaba prácticamente ejecutada. La desviación era del 67,4%, pasando de los 4,3 millones de euros estimados en el primer momento a 7,3. Con los cambios hubo un ahorro, según cálculos municipales, de 1,97 millones.

La urbanización es uno de los conflictos del Concello con los promotores, que deben asumir su coste en cuotas millonarias sin que hayan decidido construir ni facturar nada con la caída del sector inmobiliario. Entre otras cuestiones, pedían al Concello que no se tramitase por separado el plan parcial y el proyecto de urbanización. También advirtieron contra un posible sobrecoste de los trabajos. Una cooperativa que construye en suelo privado, también una de las demandantes, ha sugerido al nuevo Gobierno local una auditoría de los trabajos.