Exoperarios de la fábrica de armas piden al Ministerio de Defensa que verifique si se cumple el contrato

El antiguo comité de la fábrica de armas, que desde un inicio se opuso a la adjudicación de la factoría de Pedralonga a Hércules de Armamento, cree que los últimos movimientos de la empresa para reflotar capital confirman sus sospechas y denuncias...

31.08.2015 | 14:42
Imagen aérea de la fábrica de armas.

El antiguo comité de la fábrica de armas, que desde un inicio se opuso a la adjudicación de la factoría de Pedralonga a Hércules de Armamento, cree que los últimos movimientos de la empresa para reflotar capital confirman sus sospechas y denuncias en torno a la firma en la que confió el Ministerio de Defensa en septiembre de 2014.

La empresa planteó una operación acordeón el pasado mes de junio, en una junta extraordinaria, en la que se redujo el capital a cero y simultáneamente se amplió por el mismo importe, con el único voto favorable de uno de los socios fundadores y que fue director de la fábrica en una etapa anterior, Ramón Mejuto. Con ello, se evitó la quiebra técnica de la sociedad a la que el Ministerio de Defensa adjudicó la gestión hace menos de un año.

"Nosotros ya denunciamos en su momento cómo se creó, quién estaba detrás y, en base a nuestros análisis y nuestra investigación, veíamos que no había soporte económico", recuerda Roberto Teixido, expresidente del comité de empresa y delegado de UGT. Relatan que, desde el principio, trasladaron sus dudas al Ministerio de Defensa, al exalcalde Carlos Negreira y a la Xunta, que les pidieron tiempo para contrastar sus informaciones. "Hay suficiente para que la Administración empiece, si quiere que los ciudadanos confíen en ella", añade Teixido, que recuerda que hay un compromiso de una comisión de seguimiento anual de la que nada se sabe, precisamente, para comprobar si se está cumpliendo la oferta con la que Hércules de Armamento ganó el concurso al grupo IFFE.

Teixido señala que hay un "tiempo perdido a nivel industrial y laboral" pero que hay posibilidad de dar marcha atrás. Los extrabajadores están pendientes de una llamada del subdelegado del Gobierno, que se comprometió a realizar una serie de gestiones con la Agencia Tributaria, para que analizase si la adjudicataria de las instalaciones incurrió en delitos fiscales o falsedad documental, como sospechan.

Según explicó la propia Hércules de Armamento un mes después de conseguir la adjudicación, la previsión de la compañía era de realizar una inversión de 1,9 millones de euros en 2014 y de 4,76 millones durante los siguientes tres años en compra de maquinaria, certificaciones o software, con el objetivo de acabar contratando a 155 empleados en el plazo de un año, que se cumple este otoño, con la intención de superar los 200 en el siguiente.

"Hay posibilidad de vuelta atrás si hay incumplimiento de los pliegos de condiciones", dice Teixido, que alerta a las administraciones que Hércules de Armamento obtuvo mejor valoración frente a su oponente al concurso con la oferta de una ampliación de capital de cuatro millones antes de acabar 2014.

Una auditoría de las cuentas de la compañía a fecha de 31 de marzo de 2015, efectuada a petición de dos socios, reveló que Hércules de Armamento presentaba unos fondos propios negativos por valor de 164.338 euros, lo que implicaba la quiebra técnica, pues las pérdidas acumuladas superaban el capital. Es decir, las deudas contraídas con terceros son mayores que el valor contable de los activos de la empresa (el valor de los bienes y derechos de la empresa es menor que el de sus deudas).

La Ley de Sociedades de Capital, ante una situación económica de este tipo, obliga a realizar una reducción de capital para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto disminuido a causa de las pérdidas.

En el caso de Hércules de Armamento el patrimonio de la sociedad a marzo de este año era negativo en 541.661 euros, lo que obligaba a reducir a cero el valor de las participaciones de los socios. Y para garantizar la continuidad de la empresa, si se consideraba que en el futuro se podía mejorar, los socios realizaron una ampliación de capital con aportaciones en metálico por un valor total de 610.000 euros.

Después de la auditoría que reveló el mal estado económico de Hércules se celebró una junta general extraordinaria el pasado mes de junio a la que asistieron todos los socios y en la que, con el único voto favorable de Ramón Mejuto, se acordó la operación acordeón para garantizar la continuidad de la empresa. En esta junta se produjo el cambio de accionariado: Mejuto, en representación de sí mismo como titular del 20,72% del capital social, aportó 495.000 euros en metálico, que representa el 81% de la ampliación.

"Lo que tiene que hacer la Administración es tomar cartas en el asunto y garantizar el funcionamiento", concluye Teixido, para quien Defensa, de no hacerlo, confirmaría su intención de especular con los terrenos en un futuro. Para ello el Gobierno tendría que contar con cambios urbanísticos aprobados desde el Ayuntamiento.

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