El urbanismo suele ser un terreno propicio para el cultivo de enfrentamientos políticos, sucedidos casi siempre por aireadas reacciones vecinales e interpretaciones técnicas de colectivos como el de los arquitectos. La ciudad guarda algunos ejemplos en las hemerotecas. Uno de ellos en la calle San Andrés. La desaparición de una fachada que cubría tres edificios protegidos en los números 90, 92 y 94, entre Santa Catalina y Rúa Nueva, suscitó hace una década una polémica respecto a la destrucción del patrimonio urbano.

El caso tenía algunas similitudes con el derribo de otras fachadas por la misma época: la de otro inmueble catalogado en la calle Juana de Vega y la Casa del Cura en la calle Panaderas con motivo de la construcción del inmenso aparcamiento subterráneo del Papagayo. En cada uno de estos edificios el Ayuntamiento había defendido la actuación de los promotores de las obras.

La demolición de los muros delanteros de las tres casas de San Andrés, donde una empresa construía pisos de lujo, fue denunciada por el grupo municipal del PP a comienzos de septiembre de 2005. Los populares acudían al Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) de Ciudad Vieja y Pescadería para señalar que su texto establecía el mantenimiento de las fachadas de los tres edificios y de los muros que los separaban. La constructora también había demolido las medianeras el año anterior, por lo que había sido expedientada y tuvo que comprometerse a reponerlas en las mismas condiciones de volumen y de materiales.

Ante las preguntas formuladas por el PP al Gobierno municipal socialista de Francisco Vázquez por la legalidad de las actuaciones en los inmuebles de San Andrés, el Concello reaccionó calificando de "artificial" el debate originado por el supuesto castigo que se estaba causando al patrimonio, sin explicar en ningún momento por qué se habían derribado las fachadas de los números 90, 92 y 94.

Los vecinos de la zona se mostraban más preocupados por el deterioro de algunas construcciones del Orzán y por la falta de respeto por los edificios protegidos y acusaban al Ayuntamiento y a las empresas de construcción de actuar con "picaresca" para incumplir las disposiciones que establecía el plan especial.

Los arquitectos, al hilo de las actuaciones en las fachadas de San Andrés, apuntaban dos días después que el plan de protección abría la posibilidad de que la comisión de seguimiento del mismo autorizaba el derribo de fachadas protegidas si estaban en muy mal estado. También sugerían un debate de expertos ante la deteriorada conservación que presentaban los edificios antiguos.

Desde la Xunta se le quitaba hierro a la discordia y el director xeral de Patrimonio comentaba, también a comienzos del mes de septiembre, que "el patrimonio está en peligro en todas partes" y que el caso coruñés no "es especialmente grave".

Los números 90, 92 y 94 de San Andrés no eran los únicos de la calle abandonados y en estado ruinoso. Hace diez años había otro puñado de inmuebles con protección integral o estructural que afeaban el entorno: los números 24, 66, 74, 95 y 140, así como el 2 de la calle Pastoriza.

Algunos de estos inmuebles continúan en el mismo estado, otros se transformaron por completo y han vuelto a ser habitados o a acoger negocios en sus bajos y lucen unas bonitas galerías, como ocurre precisamente con los números 90, 92 y 94.