La próxima semana se reunirá por primera vez tras las elecciones municipales la junta general de la empresa gestora de la depuradora de aguas de Bens, de la que forman parte los ayuntamientos de A Coruña, Oleiros, Arteixo y Cambre. Sobre la mesa estará la deuda de ocho millones de euros que debe afrontar la compañía pública para costear la reparación de las averías sufridas por la instalación una vez que fue transferida al Concello coruñés, ya que el resto de los gobiernos municipales se niegan a hacerse cargo de esta importante suma.

El alcalde, Xulio Ferreiro, prevé disponer el próximo martes de los informes sobre este problema y pretende conocer posteriormente la postura del resto de regidores para tratar de alcanzar un acuerdo. "Ahora mismo no puedo tener una posición sobre si tienen o no razón porque es un asunto en el que no profundicé lo suficiente como para tener una opinión formada", declaró a este periódico Ferreiro, quien añadió que desde 2013, año en el que se comunicaron las deficiencias a los otros ayuntamientos, "pasaron muchas cosas", por lo que considera necesario analizar cuál es la situación actual.

Además de los ayuntamientos de la comarca, tampoco la Xunta está dispuesta a colaborar en la financiación de esa deuda, ya que ayer replicó las declaraciones del alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, a quien recordó que la administración autonómica no ejecutó las obras de la depuradora coruñesa y que se limitó a proporcionar parte del presupuesto necesario para su construcción. El Ejecutivo gallego destacó que la depuradora fue realizada por la Confederación Hidrográfica del Miño, dependiente del Estado y que este organismo se la cedió al Ayuntamiento en enero de 2011.

También pone de relieve la Xunta que no participa en la empresa gestora de la depuradora de Bens, lo que le impide conocer su situación económica, y que son los ayuntamientos integrados en la compañía los "competentes y por tanto responsables" de la explotación y mantenimiento del complejo. A esto añade que los ayuntamientos recaudan mediante este empresa "los tributos y tasas que ellos mismos establecen" para gestionar la planta.

Al rechazo de García Seoane a que Oleiros colabore en el abono de los 8 millones de euros se sumó la crítica realizada ayer por el alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, acerca de la falta de información sobre este problema. "Tendría que ser el gerente de la depuradora de Bens el que se pusiera en contacto con el alcalde de Cambre para exponerle cuál es el problema", declaró a Radio Coruña el regidor, quien lamentó enterarse del conflicto por los medios de comunicación, por lo que consideró "excesivo" pronunciarse sobre si Cambre debe contribuir a abonar la deuda al carecer de datos sobre la misma. El BNG de Arteixo, por su parte, advierte de que lleva meses solicitando información respecto a las deficiencias. "El PP ocultó las taras de la infrestructura mientras imponía una tasa nueva en el recibo y todo esto con el silencio cómplice de los alcaldes", reprochan.

Las deficiencias en la construcción de la depuradora que generaron los gastos de 8 millones de euros no fueron conocidas por los ayuntamientos del área metropolitana hasta diciembre de 2013, cuando ya se habían integrado en la empresa gestora de la depuradora. El anterior alcalde, Carlos Negreira, aseguró en enero de 2014 que las averías serían costeadas por la empresa constructora de la depuradora y que existía "sintonía total" para resolver el problema, aunque finalmente no hubo un acuerdo.

Para hacer frente al coste de reparación de las averías, Emalcsa concedió un crédito a la gestora del complejo de Bens, que pretende devolverle ahora 5,5 millones de euros recaudados con los ingresos obtenidos por las tasas de depuración. Pero para que sea posible esta devolución, debe reunirse previamente la junta de la empresa gestora y aprobar el pago, razón por la cual el Gobierno local coruñés convocará la próxima semana al resto de ayuntamientos participantes en la entidad.

Y es que el objetivo último del Ejecutivo que preside Ferreiro es recibir esos 5,5 millones de euros para salvar la complicada situación económica que vive el Concello por el fuerte incremento del gasto realizado por el PP antes de las pasadas elecciones municipales. Emalcsa ya acordó en la junta general celebrada esta semana en el salón dorado que cuando reciba el dinero se lo transferirá al Ayuntamiento, pero los componentes de la empresa de la depuradora tendrán que dar antes el visto bueno a la operación.