Hace una Década

La Justicia retira la "L"

Hace diez años un magistrado daba la razón a la Xunta y anulaba la decisión del PSOE dirigido por Vázquez para que el nombre de la ciudad fuese en castellano La Coruña

20.09.2015 | 02:25
Página publicada en LA OPINIÓN el 16 de septiembre de 2005.

La Xunta interpuso un recurso contra la decisión adoptada en un pleno municipal, con los únicos votos a favor del PSOE, para que el nombre de la ciudad llevase la L en castellano. En septiembre de 2005 un juez estimó las alegaciones del Gobierno dirigido por Manuel Fraga, el único con "competencias lingüísticas"

Hace un decenio un juez anulaba las aspiraciones del Gobierno dirigido por Francisco Vázquez de decidir sobre el topónimo de la ciudad. El exalcalde pretendía hacer caso omiso a la Xunta presidida por Manuel Fraga e incorporar la L al nombre oficial de la ciudad "en castellano". La sentencia emitida en 2005 declaraba inválido el acuerdo que el pleno había adoptado hacía un año para que el nombre de la ciudad fuese en castellano La Coruña. El magistrado, que ya había decidido en abril de 2005 suspender de forma cautelar el acuerdo plenario alcanzado con los únicos votos favorables del PSOE, recordaba en el fallo que no hay ninguna ley que otorgue competencias a los ayuntamientos para decidir sobre el nombre de las ciudades.

La decisión judicial llegó después del recurso interpuesto por el Gobierno de Manuel Fraga, que arguyó que la ley de grandes ciudades, en la que se basaba Francisco Vázquez, no introducía ninguna novedad sobre las competencias para decidir sobre el nombre de las poblaciones, sino única y exclusivamente sobre las mayorías necesarias para adoptar un acuerdo. "La reforma que realiza la ley no autoriza a reabrir el debate sobre la denominación del Concello, y mucho menos permite considerar que prive a la comunidad autónoma de Galicia de sus competencias lingüísticas", señalaba el magistrado en el fallo.

Además, el juez recordaba al Ejecutivo municipal que había pasado por alto el procedimiento legal para cambiar la denominación del municipio, que consistía en proponérselo a la Xunta para que fuese la Administración autonómica competente la que lo autorizase. La sentencia resumía los múltiples procesos judiciales a los que había dado lugar "la radical oposición del Concello" ante la "realidad jurídica" impuesta en la Lei de Normalización Lingüística de 1983. El juez, además, subrayaba que su decisión se apoyaba en cuestiones estrictamente jurídicas y no sobre la sensibilidad ciudadana.

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