Un juzgado da la razón al Concello sobre el sistema para pagar el tratamiento de la basura

La sentencia rechaza el recurso de Albada contra el nuevo canon implantado en 2013, que abona un mayor precio a la empresa si se reduce el volumen de residuos que debe manipular en la planta

25.09.2015 | 20:59
Instalaciones de la planta de tratamiento de basuras de Nostián, gestionada por Albada.

La batalla judicial que mantienen el Ayuntamiento y la gestora de la planta de Nostián vive un nuevo capítulo con la sentencia que reconoce la legitimidad del nuevo sistema de cálculo del canon por el tratamiento de la basura, que ahora varía en función de las toneladas manipuladas. Un juzgado de la ciudad da la razón al Concello tras la modificación aplicada por el Gobierno local del PP en 2013, aunque la empresa aún puede recurrir este fallo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El PP había justificado el cambio del modelo al estimar que la cantidad de residuos que llegan a las instalaciones es cada vez menor y que al establecerse tramos de toneladas se generaría un ahorro anual de 450.000 euros para las arcas municipales

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña rechazó el recurso promovido por Albada, la concesionaria de la planta de basuras de Nostián, contra el canon por el tratamiento de los residuos que el Ayuntamiento aprobó en diciembre de 2013. Ese nuevo sistema establece que si el volumen de los desechos que la empresa debe manipular desciende, recibirá una mayor aportación económica municipal.

El fallo judicial ha sido dado a conocer em la Junta de Gobierno Local, a la que la asesoría jurídica aconseja que el Ayuntamiento se persone en el recurso que la empresa pueda promover ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La sentencia se basa en que el canon abonable en función de los tramos de toneladas tratadas debe tener un carácter provisional al considerar que está sujeto a regularizaciones a lo largo del tiempo. También estima el juzgado como ajustado a derecho que el Ayuntamiento descuente del canon la cantidad destinada a los costes de explotación del vertedero, ya que la propia Albada admitió que en la actualidad ya no hace frente a ese gasto.

La concesionaria presentó inicialmente un recurso de reposición contra la resolución del Gobierno local del PP, aunque fue desestimado por silencio administrativo, lo que llevó a la compañía a plantear un recurso contencioso-administrativo. El nuevo modelo de canon implantado en 2013 establece en 130.000 el volumen mínimo de toneladas de residuos que debe tratar la planta de Nostián, mientras que el coste de este proceso se fija en 56,31 euros por cada tonelada hasta llegar a las 139.999.

A partir de esa cantidad existe una sucesión de tramos con precios diferentes, de forma que cada año se entregaría una suma distinta en función de la basura manipulada. Tras esa modificación del sistema, en 2013 la planta llegó al tramo que va de 150.000 a 159.000 toneladas, lo que obligó al Ayuntamiento a abonar un canon mayor al que había fijado inicialmente en los presupuestos de 2014.

La puesta en marcha de este método por tramos fue la alternativa tomada por el Gobierno local del PP a la reclamación efectuada por Albada de que el canon se revisase en función del IPC, sistema que estaba vigente hasta ese momento. Para defender su iniciativa, el Ejecutivo municipal argumentó que cada año disminuía la cantidad de basura que llegaba a Nostián y que con este sistema se generaría un ahorro anual de 450.000 euros gracias a la reducción de 4,67 euros en cada tonelada tratada.

La Junta de Gobierno Local analizó también otro asunto en el que el Ayuntamiento mantiene litigios, el del Agra de San Amaro, ya que uno de los propietarios de suelo, la empresa Santiago Sur Galicia, presentó un recurso contra la desestimación de la reclamación de una indemnización a causa de la prohibición de construir en esa zona. Los dueños de las parcelas situadas en el entorno de la Torre de Hércules se vieron afectados por la decisión de la Xunta de impedir la edificación para garantizar la protección del monumento. Estos propietarios recurrieron inicialmente la denegación de las licencias de construcción y ahora exigen una compensación económica.

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