El Gobierno local ha iniciado ya los trámites con las compañías eléctricas que operan en la ciudad para firmar un convenio para darle amparo a las familias en riesgo de exclusión social. El objetivo es que a los usuarios no se les corte el suministro de luz y gas por no poder hacer frente a sus recibos.

"Consideramos que la ayuda es insuficiente, por eso desde que entramos en el Concello citamos a todas las compañías eléctricas que operan en la ciudad y les comentamos que la situación es muy compleja y que estamos en un momento de emergencia social, por lo que todos tenemos que poner de nuestra parte. Les exigimos que suspendiesen los cortes de suministro de luz y de gas a las personas que estén en una situación de vulnerabilidad social", explica la concejal de Xustiza Social e Coidados, Silvia Cameán.

Asegura que el Concello no puede pedírselo "en todos los casos", pero sí en los que tenga identificados como personas que no tienen ingresos económicos o "que están pasando una racha que las pone en riesgo de exclusión social".

Cameán comenta que desde el Concello han estado hablando con las empresas no solo para que no se produzca ese corte de suministro que puede abocar a las familias a ponerse en riesgo -con la utilización de braseros o velas durante el invierno- sino también para que no se les cobre el enganche a los usuarios que, si bien han sido alertados de su falta de pago, consiguen, finalmente, saldar la deuda antes de que quedarse sin servicio.

Esta exigencia la comparten también en Atención Primaria de Cáritas Interparroquial de A Coruña, ya que consideran que los aproximadamente 30 euros que cuesta ese reenganche a la red eléctrica -sin que se haya hecho efectivo el corte- ocasionan un prejuicio a las familias y también a las entidades sociales que, en estas ocasiones, suelen ayudarlas.

"Que no sean solo compromisos verbales, sino que estén escritos para que podamos hacer uso de ellos en caso de que sea necesario. Las administraciones públicas no podemos ser neutrales ante las consecuencias de la gran estafa económica que vivimos y entendemos que toda la gente tiene derecho a unos mínimos vitales, como el agua, la alimentación, la vivienda y la energía", explica Cameán, que exige compromiso más allá de los límites municipales y aboga por una reforma integral del sistema energético. ¿Y el agua? En el caso de este recibo también hay ayudas y es más fácil evitar la privación del servicio.

"Como es una empresa municipal, con todas las de la ley se puede pedir que no se pueda cortar el suministro y facilitar el pago e incluso esperar a que se tramite una ayuda de emergencia. No debe haber cortes de agua en aquellos casos que hayan pasado antes por la Concejalía de Xustiza Social e Coidados. Si no tenemos conocimiento del caso no podemos alegar esa vulnerabilidad social", alega Cameán.

En su hoja de ruta para el próximo año están la ampliación de la plantilla, para reducir las listas de espera y también la puesta en marcha de la Renda Social Municipal, a la que el Gobierno local prevé destinar tres millones de euros. "La propuesta de los presupuestos del año que viene la hicimos pensando en hacer un refuerzo bastante grande del personal, porque entendemos que los recursos humanos que hay son insuficientes para las necesidades actuales", explica la concejal, que apuesta por dar a los usuarios una "atención inmediata" a sus problemas.

"Esperamos que la oposición nos permita llevar adelante la Renda Social Municipal y ahí ya irían incluidos esos mínimos vitales. Queremos incrementar también las ayudas el próximo año, cerrar ese convenio con las compañías y mejorar el sistema", resume la concejal.