El convenio del plan general deja menos de dos años a Maderas Peteiro para mudarse

De no cumplirse los plazos, el Concello puede prescindir del concierto con la empresa e incluso rebajar la edificabilidad que se le concedió sin indemnización

05.10.2015 | 13:36
El colegio Calasanz y, al fondo, la empresa maderera.

Maderas Peteiro, la maderera de Os Rosales contra la que los vecinos llevan presentando quejas y denuncias desde 2003 por ruidos y contaminación, tendría que mudarse de este entorno residencial, según lo comprometido en el plan general, en verano de 2017. Es lo que estipula un convenio por el que el Concello le otorgó, en 2009, un aprovechamiento urbanístico en la zona para construir tres bloques de seis alturas para compensar a la firma por la mudanza de sus actividades, cuya legalización se tramitó durante el mandato del Gobierno anterior, en un proceso que acaba de declarar nulo de pleno derecho el juez.

Un juez de lo Contencioso-administrativo da la razón a los vecinos
y anula una resolución municipal recurrida por la comunidad de propietarios de la calle Simón Bolívar, al entender que el Concello pretendía infiltrar las nuevas licencias para la fábrica -cuya actividad va más allá de su autorización inicial de ebanistería de 1973 con la que operó durante años- a través de un cambio de titularidad en la empresa. Es un fallo recurrible.

No es el único procedimiento judicial abierto. La comunidad del edificio colindante llevó al Contencioso el Plan General de Ordenación Municipal por contener un convenio suscrito entre Emilio Peteiro Labora y la edil socialista de Urbanismo, Obdulia Taboadela, en 2009, y ratificado por el PP, en el que se incrementa en un 80% la edificabilidad en la zona que le otorgaba el plan de 1998 para permitirle construir los tres bloques en una zona próxima a la Carretera de Los Fuertes.

El objetivo del convenio era que la empresa tuviese financiación para trasladarse a otro lugar alejado de la zona residencial -manteniendo los empleos- su actividad industrial, cuya legalización está cuestionada en los tribunales. De los 11.300 metros cuadrados que le concedía el plan de 1998 se pasó a los 20.340 que figuran en la ficha actual del documento urbanístico (un aprovechamiento que se quiso incluir en el de 1998 pero que vetó la Xunta). El Ayuntamiento rubricó el convenio urbanístico solo quince días antes de que la Corporación municipal diese, el 1 de diciembre de 2009, la aprobación inicial al plan general. Un ingeniero industrial cifró los gastos de traslado de Maderas Peteiro, en un peritaje en 2008, en 13,2 millones de euros, incluidos la compra de los nuevos terrenos, el acondicionamiento de la parcela o la construcción de naves.

A cambio, la empresa asumía una serie de compromisos. El primero "efectuar el traslado de la industria existente en el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor del PGOM", algo que ocurrió en julio de 2013. En dos años desde esa misma fecha, que ya se han cumplido, la firma quedó comprometida a "presentar el Proyecto de Urbanización del Polígono y el Proyecto de Equidistribución".

¿Y de no cumplirse estos plazos? Según la literalidad del convenio, si la propietaria incumple sus obligaciones el Ayuntamiento puede cambiar el sistema de ejecución, en este caso de "concierto", por el que el propietario único o todos los propietarios de los terrenos, excepto los de uso y dominio público, asumen conjuntamente la entera actividad de gestión y ejecución, conforme a las condiciones libremente pactadas por ellos en convenio urbanístico aprobado por el Ayuntamiento y de acuerdo a las determinaciones establecidas en el planeamiento. Es más, también podría rebajar el aprovechamiento (tiene el 90% del tipo) para construir "sin que, por tal motivo, proceda indemnización alguna a favor de la propiedad".

El convenio, justificado por "interés general" establece, además, que la empresa no puede pedir licencias para edificar en el lugar, sino acredita ante el Ayuntamiento "el efectivo traslado y puesta en funcionamiento de la industria en su nueva ubicación". En cuanto al cumplimiento de los plazos, el convenio no contempla la posibilidad de que, como es el caso, el PGOM haya sido recurrido en el Contencioso con este desarrollo como protagonista.

Legalización

La reciente sentencia, que dio a conocer el domingo este periódico, es fruto de un recurso de la comunidad contra los trámites de legalización de la actividad de la maderera, a inicios de 2012. Primero recurrieron por vía administrativa. Tras la denuncia pública del grupo del BNG, el asunto quedó estancado hasta que, en marzo de 2014, se denegaron las alegaciones y se dio luz verde a la legalización, sin informar a los medios, basándose en dos informes técnicos contra los que carga el juez, que concluye que el proceso es nulo de pleno derecho. El asunto también fue llevado a pleno en 2012 por la relación familiar con la empresa del exedil de Urbanismo, Martín Fernández Prado. No se llegó a debatir por los votos en contra del PP.

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