Vecinos de Os Rosales exigen los terrenos de Maderas Peteiro para usos ciudadanos

La asociación informa de que esta semana solicitará una reunión con algún representante de Urbanismo para conocer la sentencia y los planes para la zona

06.10.2015 | 00:51
Maderas Peteiro, con edificios de Os Rosales al fondo.

La asociación de vecinos de Os Rosales demanda información sobre la reciente sentencia a favor de una comunidad de propietarios de Simón Bolívar, contra el Concello y Maderas Peteiro, que anula el proceso de legalización de la empresa. Recuerda además, que, según el convenio que firmó la maderera con el Ayuntamiento en 2009, esta tendría que "desalojar" los terrenos en dos años. Su presidente, Fernando Carrillo, indica que permanecerán vigilantes para que esa zona que quedará libre tras los edificios de viviendas se ponga a disposición de los vecinos.

Carrillo explica que, ante la reciente sentencia que le da la razón a los residentes en un edificio colindante a la maderera y que hizo pública este periódico, solicitarán a lo largo de esta semana una reunión con el concejal de Urbanismo o alguno de los representantes o técnicos del área municipal para ser informados de la situación y si el Gobierno local se regirá por lo estipulado en el plan general para la zona o hay planes para modificarlo.

En todo caso, añade, permanecerán vigilantes. Mientras la comunidad de propietarios lucha en los tribunales por la contaminación y los ruidos por ser incompatibles con una buena calidad de vida, generados además por una actividad sin licencia; la asociación demanda paralelamente para los terrenos "usos deportivos y de esparcimiento" para disfrute de los habitantes del barrio.

A la vista de lo publicado por la sentencia -que pedirán también al Ayuntamiento-, concluyen que estudiarán la situación ante lo que le parecen decisiones municipales "no justas" por si tienen que tomar algún tipo de medida legal al respecto y solicitar responsabilidades.

Carrillo insiste en que el convenio es claro al respecto de los plazos para liberar los terrenos de la zona, cuatro años después de la entrada en vigor del plan general, que se cumplen en junio del próximo 2017.

El objetivo del convenio -que firmó en 2009 la edil socialista de Urbanismo Obdulia Taboadela y Emilio Peteiro Labora- era que la empresa tuviese financiación para trasladarse a otro lugar alejado de la zona residencial, sin que su empleo se viese afectado y se prosiguiese con la actividad de la fábrica, cuya legalización está cuestionada en los tribunales. El plan de 1998 le concedía 11.300 metros cuadrados de aprovechamiento, una cantidad que aumentó un 80% en el plan aprobado en 2013, precisamente en virtud de este acuerdo para ejecutar tres bloques de edificios siguiendo un sistema de concierto. Un perito tasó el traslado en 13,2 millones.

A cambio, la empresa adquiría el compromiso de iniciar su marcha en cuatro años, para lo que en dos años desde la entrada en vigor del plan general, tendría que presentar el proyecto para urbanizar el polígono. Allí se construirán tres edificios de seis plantas. El portavoz vecinal rememora que fue la presión vecinal la que consiguió que Taboadela aceptase la redistribución de la construcción de los edificios, que iban a ser "más mamotretos todavía".

Este convenio, incluido en el plan general ratificado en la pasada legislatura, ha sido recurrido por la comunidad de propietarios de un edificio de Simón Bolívar, afectado por proximidad por la actividad de la fábrica, que comenzó a operar en los años setenta con una licencia de ebanistería y que fue ampliando sus prestaciones sin un permiso que lo amparase, tal y como dictó el Tribunal Superior en sentencia firme.

Todavía no hay fallo judicial sobre el PGOM pero sí sobre el intento de legalización del anterior Ejecutivo del PP. La misma comunidad de propietarios se amaró en la Justicia al entender que el Concello pretendía conceder nuevas licencias a la fábrica a través de un cambio de titularidad.

El Concello lleva pidiendo a la empresa que tramite su legalización desde 2006 pero no fue hasta 2011, ya con los populares en el Palacio de María Pita, que formalizó la solicitud. A inicios de 2012 se dio luz verde de forma inicial, basándose en dos informes técnicos contra los que carga el juez que ha dado la razón a los vecinos de Simón Bolívar. Tras la denuncia pública del BNG aquel año -el asunto llegó a pleno por la relación familiar del exedil de Urbanismo con la empresa-, los trámites quedaron parados. Se recuperaron de forma sorpresiva en marzo de 2014, sin informar ni a los medios de comunicación, al rechazar las alegaciones por vía administrativa de los afectados y ratificarlos de forma definitiva.

El juez anula la resolución municipal al entender que se trató de "reconvertir" la transmisión de una licencia de actividad en una "legalización de una licencia de actividades varias". El magistrado rechaza el argumento de que "corresponde a una evolución de cuarenta años". "De seguir este argumento, todas las actividades no autorizadas expresamente serían autorizables en el futuro", falla. Para el magistrado, "no se entiende que, si el Concello conocía la situación irregular desde hace años, no hubiese suspendido la actividad que carecía de licencia", ya que es "separable" la ebanistería, que sí tiene permiso en regla, con el resto de funciones "que posteriormente se ampliaron" con "incidencia ambiental importante".

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