Las cuentas de 2016

Las claves del primer presupuesto del Gobierno local de Marea Atlántica

Las asociaciones y organismos cuyo presupuesto dependa, en más de un 50%, del Ayuntamiento, tendrán que hacer un plan de viabilidad a cuatro años proponiendo nuevas fuentes de ingresos. La Alcaldía marca las directrices

12.10.2015 | 12:26
Imagen de la oficina de la Hacienda municipal en la calle Franja.

El Gobierno municipal prevé que el presupuesto del próximo año esté listo para entrar en vigor el 1 de enero. La Oficina Presupuestaria, dependiente de la Alcaldía, define los criterios de control de gasto e inversiones que deben seguir todas las concejalías, con "estrictas medidas de ahorro en el gasto corriente, que se estiman necesarias en el contexto económico" actual, según el documento con directrices enviado a los diferentes departamentos municipales desde esta unidad. Para evitar que los ingresos queden muy por debajo de las previsiones, se exige un mayor control sobre el dinero que entra y que sale y su finalidad.

Es el caso de las subvenciones concedidas a entidades desde el Ayuntamiento, que quedarán sometidas a una mayor vigilancia y selección, priorizando "las que fomenten el empleo y las prestadoras de servicios sociales". Las entidades cuya financiación dependa, en más del 50%, de las ayudas municipales, deberán presentar un plan de viabilidad financiera a cuatro años al departamento local del que dependan.

El Ejecutivo municipal quiere establecer un mayor control de las ayudas que se conceden a terceros, "aumentando la transparencia". El plan que se les exigirá a las entidades subvencionadas debe incluir un proyecto para "diversificar sus fuentes de financiación". La concesión de ayudas "solo se acordará", prosigue Alcaldía, en los supuestos en los que sea la "mejor alternativa" para realizar los objetivos marcados, "evitando que dependan de forma exclusiva de las propias ayudas municipales".

En cuanto a los ingresos, las directrices marcadas desde la Alcaldía especifican que se debe mantener una "política realista de ingresos públicos" y proponer medias para reducir el "esfuerzo fiscal". Los departamentos deben reflejar las "posibles incidencias de la crisis económica en sus previsiones iniciales", para evitar las desviaciones habituales negativas entre una estimación inflada y la recaudación final, que acostumbra darse en impuestos o tasas como las de construcción.

El alcalde ordena reajustar las tasas y tributos municipales, añaden, para corregir el régimen de bonificaciones de manera que se beneficie a "las personas y familias más necesitadas".

Además de para las ayudas y subvenciones a terceros (transferencias corrientes), las instrucciones de la Oficina Presupuestaria ofrecen una serie de recomendaciones sobre los gastos de personal, los gastos corrientes y las inversiones en obras y proyectos.

Los gastos en bienes y servicios corrientes, explicita el documento, deben "ser minorados sin menoscabo de la correcta prestación de los servicios". Deben, "específicamente", reducirse los que no están asociados directamente "a la prestación o calidad de los servicios, por ejemplo, la publicidad". La Oficina Presupuestaria pide a las concejalías, jefaturas de áreas y gestores presupuestarios la realización de "un análisis del gasto corriente" que permita definir medidas de ahorro y "simplificar o centralizar" las contrataciones para tener "precios más baratos".

El documento obliga a los diferentes departamentos municipales una "utilización racional del patrimonio municipal" con la supresión de alquileres innecesarios, la actualización de cánones y rentas, la recuperación de inmuebles cedidos a terceros que no estén justificados por su interés social, y la venta o alquiler de los inmuebles que no sean necesarios para el funcionamiento de los servicios.

Las instrucciones, enviadas en agosto a los diferentes departamentos, contienen además una serie de recomendaciones relacionadas por las inversiones reales, esto es, las inversiones municipales en obras y otros proyectos.

Las prioridades quedarán marcadas, dicen, por los Planes de Acción del Gobierno municipal, procurando "coherencia" en las actuaciones y el "equilibrio" de las cantidades y proyectos asignados entre los diferentes barrios.

Prevén mecanismos de control para que no haya desviaciones presupuestarias en la ejecución de los proyectos, con mecanismos de control, y no se aceptarán proyectos que non se ajusten al plan general vigente ni vayan acompañados de un informe del departamento de Rexeneración Urbana sobre la disponibilidad de los terrenos en los que se quiera realizar la actuación. Todos los proyectos, además, deben incluir una previsión, una vez terminada la obra o puesta en marcha la inversión, de cuánto costará su mantenimiento.

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