Los diferentes departamentos municipales trabajan en la confección del documento económico que definirá las actuaciones municipales en 2016, al tiempo que los grupos municipales, cuyos votos son necesarios para su aprobación, preparan sus aportaciones. El documento marco para el diseño de la política municipal del próximo año establece un decálogo de prioridades para que los concejales confeccionen sus respectivos presupuestos. La más destacada, que se llevará una de las inversiones de mayor calado en 2016, según las instrucciones de Alcaldía, será la Renta Social Municipal. Insiste en que las inversiones deben corregir los desequilibrios entre los barrios.

El escenario en el que se enmarca la elaboración de los presupuestos, para la Oficina Presupuestaria que dirige el alcalde, no es de bonanza y así se lo ha transmitido a las diferentes áreas municipales, para que sean selectivos a la hora de escoger los nuevos proyectos para sus áreas. Las instrucciones creen que la previsión de crecimiento a nivel europeo, español y gallego no va a ser "suficiente para una reducción significativa de los niveles de desempleo y pobreza", lo que "obliga necesariamente a que el Concello de A Coruña priorice el gasto social como elemento equilibrador y corrector de las desigualdades económicas".

Alcaldía recuerda que persisten las "limitaciones legales al ejercicio de la autonomía financiera de los ayuntamientos", a lo que se suma un sistema de financiación de las entidades locales "que imposibilita la cobertura suficiente de los recursos que serían necesarios" para atender a las necesidades y demandas de los vecinos. En tercer lugar, desde el Gobierno local creen que los efectos "situación económico-financiera del Concello" que se generó en el año electoral porque "la ejecución del gasto fue superior a los ingresos liquidados" pueden "extenderse a 2016".

Con este paisaje como punto de partida y según el documento al que ha tenido acceso este periódico, la Oficina Presupuestaria define diez prioridades para el próximo ejercicio, que comienzan por "garantizar la calidad de los servicios existentes, buscando la máxima eficiencia en el gasto corriente, asegurando un presupuesto equilibrado económica, social y territorialmente".

El Gobierno municipal define como "máxima prioridad" los programas de gasto social con puesta en marcha de la Renta Social Municipal como acción principal. La estimación inicial del Ejecutivo de Marea Atlántica es de que esta renta precise de una cobertura económica de tres millones de euros.

Como tercer punto de las pautas, figura la mejora en la "eficacia" del funcionamiento de los servicios públicos, tanto los de gestión directa como indirecta. En este sentido, recalca, Alcaldía ordena una estricta vigilancia sobre las empresas que realizan servicios en el Concello, "fiscalizando e inspeccionando las concesiones municipales", con el objetivo de garantizar "un mejor servicio público y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, incluidas las económicas, por las concesionarias".

En un informe de Intervención del pasado junio, en el que el habilitado nacional alertaba de una falta de liquidez por un mayor nivel de gastos que de ingresos, se sugería una serie de recomendaciones para evitar esta situación entre las que estaban realizar cambios en la recaudación de impuestos municipales. Nace en parte de ahí el cuarto punto de las instrucciones, el "reajuste de las ordenanzas fiscales y mejora de la gestión recaudatoria".

El alcalde y máximo responsable de la Oficial Presupuestaria pide a sus concejales que tengan en cuenta a los barrios en la definición de sus prioridades, "apostando" por equilibrar la distribución "espacial y territorial" de las inversiones, que deben, no solo ser equilibradas, sino "compensatorias", según la situación socioeconómica de cada distrito de la ciudad.

El empleo completa la lista de prioridades municipales para el presupuesto de 2016, con "programas de empleo estable y de calidad, de fomento y apoyo al emprendimiento, el pequeño comercio, el turismo y a los sectores estratégicos y de economía de la ciudad", definidos en el Plan Municipal de Emprego presentado recientemente.

El Gobierno local prevé aumentar la plantilla en la medida que se lo permita el Gobierno central, previa modificación de la Relación de Puestos de Trabajo municipal. Lo indica en la séptima línea estratégica del decálogo, en la que insta a los diferentes departamentos a garantizar el pago de la deuda financiera y el resto de acreedores no financieros del Concello para cumplir el plazo máximo medio de pago permitido por la ley.

Desde la Oficina Presupuestaria, se señala que antes de abordar proyectos nuevos, los recursos generales deben cubrir los servicios ya existentes y cuyo mantenimiento sea obligatorio: "La inclusión de nuevos proyectos y la ampliación de los programas existentes se realizarán solo en la medida en que fuesen considerados prioritarios socialmente por parte del Gobierno municipal".

La contratación debe fomentar, según el noveno epígrafe de las prioridades presupuestarias, la licitación libre por concurso, con cláusulas sociales, "incluidas las asociadas a igualdad", y medioambientales. Las externalizaciones, aseguran, serán limitadas al máximo y las que se hagan deben estar acompañadas siempre de "la debida justificación", "apostando por la progresiva municipalización de los servicios, siempre que sea viable y ajustada al derecho". Finalmente, la Oficina Presupuestaria dice que la estructura de las previsiones económicas de 2016 debe tener en cuenta las áreas transversales de Igualdade y Participación.

Distritos y participación

El área de Participación se encuentra en estos momentos en un proceso de consultas para definir los distritos en los que se dividirá la ciudad para la organización futura de la participación ciudadana. Las instrucciones de Alcaldía para la elaboración de los presupuestos explican a sus departamentos que hay que "intentar" dar "el primer paso" para que esos presupuestos sean participativos.

La participación plena puede no llegar a tiempo para estos presupuestos, puesto que el documento tiene que entrar en vigor, según el calendario previsto, el 1 de enero y todavía hay que modificar el Reglamento de Participación Ciudadana y poner en marcha después los distritos. Las instrucciones indican que, de las propuestas vecinales que lleguen, el personal técnico tendrá que comprobar si son viables técnica, económica y jurídicamente.