El activista Nicanor Acosta Alonso, de 76 años, distinguido este año como Republicano de Honor por la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, estuvo arropado ayer a su llegada al edificio Proa por medio centenar de personas, entre ellas miembros de Stop Desahucios, políticos de Marea Atlántica y de Esquerda Unida-Os Verdes y el bombero Roberto Rivas. Acosta acudió al inmueble judicial para solicitar la retirada de la sanción de 600 euros que le impuso la Delegación del Gobierno por intentar frenar en febrero de 2013 el desahucio de la octogenaria Aurelia Rey por impagar el alquiler de la vivienda de la calle Feijóo en la que residía. "¡Ni casas sin gente ni gente sin casas!", "¡Por encima de nosotros no pasarán!", "¡Nuestros derechos no se pisotean!", exclamó el septuagenario, micrófono en mano, tanto a la llegada como a la salida de la vista oral.

"¡Nico, amigo, el pueblo está contigo!", corearon los asistentes a la concentración en la puerta de la sede judicial de Matogrande convocada por Stop Desahucios. "La realidad está ahí, nadie la puede negar, nos golpea. Lo que está pasando es una barbarie. En España hay más de 4.000 suicidios al año, muchos por desahucios", subrayó Acosta después de declarar ante la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de A Coruña, al tiempo que advirtió: "Hasta el final de mi vida me dedicaré a que se haga Justicia". El activista, que acumula más de una docena de sanciones por valor de unos 2.700 euros, sostuvo ante la magistrada que no pretendía "conseguir nada" cuando coreó consignas en la puerta de la vivienda de Aurelia Rey y aseguró que acudió "a título particular".

"La concentración se forma allí y no sé cómo se forma ni si es con intención de impedir el desahucio. Esa, desde luego, no es mi intención", recalcó. El Policía Nacional que redactó el atestado testificó que Acosta "gritaba consignas" con un megáfono para intentar impedir el desahucio de la octogenaria, que en la actualidad reside en Eirís en una vivienda de la Xunta.

El republicano de honor subrayó que su intención era defender los derechos de la anciana que fue obligada a abandonar la casa situada en los alrededores de la plaza de Lugo en la que residía. "Sencillamente iba relatando lo que pasaba con mi megáfono", afirmó Acosta. Su abogada, la exconcejal socialista Gloria del Valle, alegó que la actuación del activista está amparada por la libertad de expresión.

El septuagenario recurrió a la vía judicial tras agotar los recursos administrativos para oponerse a la sanción de 600 euros que le impuso el Estado por "provocar reacciones que alteran el orden público" cuando la comitiva judicial acudió el 18 de febrero de 2013 al inmueble cercado a la plaza de Lugo para ejecutar la orden de desahucio por impago de alquiler de Aurelia Rey. La letrada solicitó ante la juez la retirada de la multa o, subsidiariamente, la rebaja a 300 euros.

Además de Acosta, fueron sancionados con 600 euros por los mismos hechos el entonces concejal del BNG en A Coruña y portavoz del grupo municipal, Xosé Manuel Carril, y el portavoz del BNG en el Parlamento de Galicia, Francisco Jorquera, así como el bombero Roberto Rivas, que se negó a participar en el lanzamiento de la octogenaria, entre otros activistas.