La calle de la Franja y sus transversales -Trompeta, Oliva y Ángel- servirán para que el Concello y los hosteleros ensayen un sistema de regularización de las licencias de las terrazas que acabe con los problemas existentes al aplicar la ordenanza aprobada en el pasado mandato municipal. La reunión celebrada ayer por el concejal de Mobilidade, Daniel Díaz, en el Palacio de María Pita con una treintena de empresarios acercó posturas entre ambas partes y produjo como resultado el compromiso de proporcionar al Ayuntamiento antes del 15 de diciembre la documentación que está pendiente de entrega para que las licencias para el próximo año puedan ser concedidas.
El departamento de Mobilidade comenzará hoy mismo a enviar cartas a los locales que aún deben facilitar documentos con el fin de que la remitan antes de que concluya el plazo. Este mismo sistema se extenderá al resto de calles de la zona histórica de la ciudad, en la que la concentración de establecimientos y la estrechez de las vías genera más conflictos, y posteriormente a todo el municipio, según explicaron ayer tanto el Ayuntamiento como los hosteleros. Otro de los acuerdos adoptados ayer fue el compromiso municipal de señalizar el espacio que debe ocupar cada terraza mediante unas señales en el suelo, petición realizada por los empresarios que fue aceptada por el Ayuntamiento.
La contratación por el anterior Gobierno local de una empresa que se encargó de gestionar la tramitación de las licencias desembocó en que la práctica totalidad de los locales vieron rechazadas sus solicitudes por carencia de algún requisito, lo que generó inquietud entre los empresarios. Tras la reunión de ayer, el Ejecutivo no dará por rechazada ninguna de esas peticiones de terraza si los hosteleros presentan la documentación que demuestre su adaptación a la ordenanza.
El encuentro fue además el punto de partida para el establecimiento de una línea fluida de diálogo entre las dos partes para resolver los problemas que puedan surgir. Uno de ellos es la necesidad de adecuar a la ordenanza el mobiliario de las terrazas del casco histórico, ya que debe cumplir unas características determinadas. Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Hostelería, explicó que Daniel Díaz se comprometió a resolver de inmediato las dudas de los hosteleros sobre el tipo de muebles autorizados, de forma que puedan adquirirlo sin dilaciones.
Cañete se mostró convencido que la regularización de las calles del casco histórico estará resuelta antes de que termine el año porque existe "voluntad por ambas partes". En su opinión, los hosteleros "lo que quieren es cumplir y estar dentro de la legalidad". El presidente de los empresarios del sector destacó que el Gobierno local les mostró ayer un plano de la Franja y sus transversales en el que se refleja la ocupación que tendrán las terrazas y que ninguno de los empresarios expresó su rechazo a ese documento.
Para Cañete, una vez que las terrazas del centro histórico estén regularizadas, las del resto de la ciudad se tramitarán con mucha más rapidez, por lo que confía en que antes de que termine el plazo legal todas las solicitudes se habrán gestionado. Una vez que sean concedidas las licencias, el Ayuntamiento llevará a cabo la inspección de los locales para comprobar que se ajustan a la normativa, una reclamación que muchos colectivos vecinales han expresado ante los problemas que las terrazas causan para el tránsito en determinadas zonas.
"Se tendrán que amoldar a la legalidad", manifestó Héctor Cañete acerca de los establecimientos que actualmente ocupan más espacio del que permite la ordenanza, a lo que añadió que si se incumple se producirá una "competencia desleal" de estos locales con los que acatan la normativa.
El Gobierno local del Partido Popular aprobó en 2013 una nueva ordenanza de terrazas que introdujo notables cambios en la regulación de estas instalaciones, aunque concedió un periodo de adaptación que al término de su mandato no había concluido. La única modificación real que se produjo para la hostelería fue que los establecimientos se vieron obligados a pagar por la colocación de sillas y mesas en la vía pública, ya que hasta entonces solo abonaban una tasa por la solicitud de la licencia.
La puesta en marcha de la nueva normativa fue saludada en principio con agrado por las organizaciones vecinales, que exigían que se pusiera coto a los excesos cometidos en algunas calles. El Ejecutivo municipal mantuvo conversaciones con el movimiento vecinal a la hora de diseñar la ordenanza, pero el hecho de que finalmente no se exigiera su cumplimiento suscitó las críticas de las asociaciones de residentes.
