El borrador de la Renda Social Municipal establece que los beneficiarios de las ayudas podrán percibirlas hasta que su situación mejore. En principio, las personas en situación de vulnerabilidad social contarán con esta subvención durante seis meses, que se prorrogará cada medio año siempre y cuando los beneficiarios sigan cumpliendo los requisitos solicitados, entre ellos, seguir los itinerarios marcados por las trabajadoras sociales para lograr su inclusión.
Esta renta está pensada para dar cobertura a personas que no tienen derecho a la Renda de Inclusión Social de Galicia (Risga), para que puedan hacer frente a necesidades básicas, como la alimentación, la ropa y el alojamiento -hipoteca o alquiler- siempre y cuando la vivienda esté en el Concello de A Coruña, según explica el Gobierno local.
La propuesta de borrador se presentará la próxima semana y se trasladará también a los grupos de la oposición para consensuarla. El Gobierno local cifra en tres millones de euros el presupuesto necesario para poner en marcha esta subvención y se da dos meses de plazo para resolver las solicitudes que lleguen a la Concejalía de Xustiza Social e Coidados, que dirige Silvia Cameán.
Esta renta social está dirigida a personas en situación de vulnerabilidad social, sin acceso a la Risga o a una prestación similar, que sean mayores de edad y que no estén en situación de poder pedir una pensión no contributiva de jubilación, aunque el borrador incluye excepciones.
Podrán, por ejemplo, pedirla menores de edad que tengan a su cargo a otros menores o mayores con discapacidad o dependientes, o menores que sean huérfanos de padre y madre y no tengan derecho a prestación.
Otro de los requisitos necesarios para poder optar a percibir esta renta social es el de estar empadronado en la ciudad con una antigüedad de seis meses. En este apartado, según especifica el borrador de la ordenanza, hay también excepciones, que incluye a las víctimas de violencia machista, a emigrantes gallegos y a los refugiados. Otro de los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de decidir si se otorga la ayuda o no es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que este año y desde 2010 es de 532,51 euros mensuales, es decir, unos ingresos de 17,75 euros al día. Las familias que cuenten con una capacidad económica que doble este indicador no podrán optar a esta ayuda. Y es que, la cantidad que percibirán los beneficiarios será del 100% del Iprem si se trata de una sola persona. El montante podrá subir hasta el 200% del Iprem -en el caso de los últimos cinco años, 1.065, 02 euros- La ayuda se incrementará en un 20% por cada miembro -además del titular de la renta social- que componga unidad familiar solicitante. Los pagos, según explicó ayer el Gobierno local se harán por transferencia bancaria y la ordenanza entrará en vigor quince días después de que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo plenario con la resolución definitiva del documento.
Los interesados en conocer el proceso de concesión de esta renta social podrán recibir información en las oficinas de servicios sociales, una vez que la ordenanza esté finalizada.
La puesta en marcha de la renta social era una de las 25 medidas que Marea Atlántica llevaba en su programa para los cien primeros días. La concejal de Xustiza Social e Coidados, Silvia Cameán, explicó en una entrevista en este diario que para los presupuestos del próximo año solicitará una partida más amplia que la actual para poder reducir la lista de espera de los usuarios, que sobrepasa los cuatro meses.
"La propuesta de los presupuestos del año que viene la hicimos pensando en hacer un refuerzo bastante grande del personal, porque entendemos que los recursos humanos que hay son insuficientes para las necesidades actuales", explicó la concejal, que apuesta por dar a los usuarios una "atención inmediata" a sus problemas.
