Menos de la mitad de los solicitantes de Risga recibió la ayuda en 2014

El Concello planea devolver Servicios Sociales a los centros cívicos - La Xunta denegó 393 peticiones de las 783 presentadas

18.10.2015 | 02:44

El Concello tramitó durante el año pasado 783 peticiones de la Renda de Inclusión Social (Risga) de las que la Xunta aprobó casi la mitad, 390. La resolución del expediente fue negativo en el caso de 393 peticionarios. El borrador de la ordenanza para la puesta en marcha de la Renda Social Municipal recoge que los beneficiarios de este subsidio tendrán que ser vecinos que se hayan quedado fuera de esta ayuda autonómica u otra similar.

La concejal de Xustiza Social e Coidados, Silvia Cameán, explicó ayer en una entrevista en Radio Coruña, que para poner en marcha esta renta y para cumplir el objetivo de resolver los casos en un plazo máximo de dos meses, su área necesita más personal. Dejó abierta también la puerta a que los servicios que prestan en la concejalía vuelvan a los centros cívicos.

"Deben estar al alcance de todos y todas, en el ámbito geográfico más cercano, por eso es importante volver a llenar los centros cívicos de contenido social, ya que en estos momentos están infrautilizados", explicó la edil. La portavoz del BNG, Avia Veira, presentó el pasado viernes un ruego oral en el que pedía al Gobierno local la descentralización de los Servicios Sociales municipales. Y es que, hasta mayo de 2013, las trabajadoras sociales atendían a sus usuarios en los centros cívicos, una circunstancia que cambió el Partido Popular que, para entonces, contaba con mayoría absoluta en María Pita.

La prestación de estos servicios se trasladó a solo tres puntos de la ciudad, Monte Alto, el Ágora y Cuatro Caminos. La concejal nacionalista formulará este ruego oral en el próximo pleno ordinario.

Silvia Cameán explicó ayer que el Gobierno local había solicitado un informe económico para evaluar el coste que tendría para las arcas municipales esta renta social. En la configuración del presupuesto se solicitará una partida de tres millones de euros para poder hacer frente a este subsidio.

Los beneficiarios, que tienen que cumplir requisitos como llevar seis meses empadronados en la ciudad -salvo excepciones, como refugiados, víctimas de violencia machista o emigrantes gallegos-, recibirán una ayuda económica mientras su situación no se soluciona. A cambio, los adjudicatarios de esta ayuda tendrán que seguir el itinerario que les marquen las trabajadoras sociales para su inserción en la sociedad.

La cantidad mínima que percibirán los beneficiarios será la que marque el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que lleva cinco años fijado en 532,51 euros mensuales. La cuantía se irá incrementando en 20 puntos por cada una de las personas que componga la unidad familiar, hasta un máximo de 1.065, 02 euros mensuales.

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