Nueva medida de Servicios Sociales

Las prioridades al asignar la renta social

Los ingresos, el número de dependientes, la carencia de apoyo familiar y la importancia de la ayuda municipal para salir de la precariedad primarán para dar la renta si el presupuesto no cubre a todos los solicitantes

20.10.2015 | 19:05
Un indigente duerme al aire libre en un banco de la plaza de San Cristóbal.

Requisitos

  • Residencia. Los solicitantes de la renta social deberán estar empadronados en el municipio con una antigüedad de al menos seis meses cuando pidan recibir esta prestación
  • Ingresos. Será necesario ganar menos de 532 euros al mes y contar con menos de cuatro veces esa cantidad en metálico o tener bienes cuyo valor no la supere doce veces
  • Cuantía. El solicitante recibirá 532 euros como mínimo, más un 20% más por cada persona a su cargo en la unidad de convivencia, hasta un máximo del 200% de esa cifra

La ordenanza de la renta social municipal, cuyo proyecto fue presentado ayer por el Gobierno local, establece que las personas con mayores necesidades tendrán prioridad a la hora de recibir esta ayuda en el caso de que los recursos del Concello sean insuficientes para atender todas las peticiones. Cuando se produzca esta situación, los técnicos del departamento de Xustiza Social primarán a los solicitantes que tengan menores ingresos económicos, a los que tengan a su cargo a menores, enfermos crónicos o discapacitados, así como a quienes dispongan de menor apoyo social y familiar.

Otro factor que se tendrá en cuenta es el grado en que la renta social contribuirá a salir de la situación de precariedad, de forma que no se convierta en una vía para generar dependencia de las prestaciones de este tipo. Los encargados de determinar qué personas serán merecedoras de esta ayuda serán tres funcionarios del departamento de Xustiza Social, que integrarán la Mesa de Evaluación de la Renta Social, según se recoge en el proyecto de la ordenanza, que ayer fue entregada a los grupos de la oposición municipal, así como a a agentes sociales que trabajan en este campo.

"A Coruña no puede permitirse esta situación", manifestó ayer el alcalde, Xulio Ferreiro, en la presentación de la propuesta de ordenanza, que remite a la oposición para intentar pactar el texto y llevarlo a pleno para su aprobación. En la propuesta se señala que su aplicación se realizará en función de la disponibilidad presupuestaria del Ayuntamiento en cada ejercicio. Otro de los aspectos que recoge la normativa es el compromiso de que la tramitación para recibirla se hará en un máximo de dos meses, en contraste con la Renda de Integración Social de Galicia (Risga), para cuya concesión la Xunta precisa de varios meses de espera y cuyos perceptores no podrán reclamar la renta social municipal.

También incluye la ordenanza la exigencia a los beneficiarios de presentar cada tres meses una declaración responsable mediante la que asegurarán que no variaron las condiciones que motivaron la concesión de la renta social, que se proporcionará por un periodo mínimo de seis meses que se podrá prorrogar.

En la normativa se destaca además que esta ayuda "pretende dar respuesta a situaciones temporales" y para solucionar casos de necesidad, pero que no podrá dedicarse a abonar deudas contraídas con otras administraciones o sanciones que se hayan impuesto al solicitante de la prestación. La ayuda estará dirigida a satisfacer las necesidades básicas de las personas en relación con la alimentación diaria, la vestimenta, los cuidados personales y la vivienda, aunque siempre que esté situada en el municipio coruñés.

De acuerdo con la ordenanza, solo se concederá una renta social por cada domicilio, ya que en caso de que en uno hubiera más de una persona que pudiera ser beneficiaria, se le otorgará a una de ellas, según el criterio de los técnicos municipales.

Si en una misma vivienda hubiera dos o más unidades de convivencia y se juzgase necesario proporcionar a una de ellas el acceso a un domicilio independiente, se podrían conceder dos rentas sociales, aunque durante un máximo de cuatro meses y condicionado a la obtención efectiva de un nuevo hogar.

El importe de la renta social estará relacionado directamente con el Indicador Público de Rentas Múltiples (Iprem), situado actualmente en 532 euros. La persona que reciba al mes esta cantidad no podrá acceder a la renta social, que proporcionará ese dinero a quienes acrediten no alcanzar esos ingresos. Por cada miembro de la unidad de convivencia del beneficiario, la ayuda se incrementará en un 25%, aunque la cantidad total que se reciba no podrá llegar nunca al 200% del Iprem.

La ordenanza excluye además de la percepción de la renta social a la unidad de convivencia que disponga de un cantidad en metálico que supere en cuatro veces al Iprem, ya que se entenderá que cuenta con recursos suficientes, Si el resto de los bienes de la unidad de convivencia, al margen de la vivienda habitual, sobrepasa en valor al importe anual del Iprem, tampoco tendrá derecho a la renta social al estimarse que cuenta con medios suficientes para vivir.

La norma excluirá el vehículo habitual u otro bien de la unidad de convivencia al computar sus bienes cuando este sea considerado necesario para desarrollar acciones de inserción laboral o social de beneficiarios.

El alcalde, Xulio Ferreiro, justificó ayer la puesta en marcha de esta medida porque entiende que hay una "situación de emergencia social" y que no se ha producido una recuperación económica para la "gente común". Ferreiro expresó su confianza en aprobar la renta social antes de final de año para incluirla en el presupuesto de 2016, así como en recibir el apoyo del PP porque este partido aprobó una medida similar en el Ayuntamiento de Santiago en el pasado mandato, mientras que el PSOE defiende su puesta en marcha a nivel nacional.

"En el último pleno, a todos los grupos se les llenaba la boca con su política social y peleaban por ver quién era el campeón de las políticas sociales", recordó el regidor, quien consideró que ahora "tienen la oportunidad de demostrarlo" apoyando la renta social.

La concejal de Xustiza Social, Silvia Cameán, acusó al PSOE, que preside la comisión informativa de este área, de "desvirtuar" la sesión realizada la semana pasada al intentar "imponer medidas concretas", en referencia a la presentación en esa reunión de un plan de rescate social. Cameán calificó de "sin sentido" esa iniciativa porque "gran parte" de las medidas que contiene ya son aplicadas por el Concello, a lo que Ferreiro añadió que la dirección de este departamento le corresponde a la concejala que lo encabeza y no a la presidenta de la comisión informativa, la socialista Silvia Longueira.

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