La Diputación califica de "caos" la gestión de sus parques de bomberos

El Gobierno provincial se muestra partidario de gestionarlos de forma directa

21.10.2015 | 00:51

El diputado provincial José Luis García, responsable del área de Promoción Económica e Emprego en la Diputación, considera que la gestión de los parques de bomberos comarcales "ahora mismo es un caos". En declaraciones a Radio Coruña, afirmó que en ocasiones a un incendio acuden bomberos "de un parque que está al triple de distancia que otro que está más cercano", por lo que reclama que haya un único mando y de carácter público para gestionar este servicio.

La reunión del gobierno de la Diputación con la mesa intersindical de los parques de bomberos comarcales celebrada el pasado lunes dio como resultado el compromiso de realizar un estudio sobre la gestión directa de estas instalaciones por el propio organismo provincial, que pretende mejorar la coordinación existente.

Concesión

Los diez parques existentes son gestionados por empresas privadas en régimen de concesión, que solo abonan los salarios de los bomberos, mientras que el consorcio formado por la Diputación y la Xunta se encarga de financiar el material y las instalaciones.

Los sindicatos consideran factible el rescate de esta concesión porque el plazo para su prestación ha concluido y se sigue realizando gracias a una prórroga, por lo que estiman que no sería necesario compensar a las empresas. Los representantes sindicales mostraron al Gobierno provincial datos que revelan que los parques de gestión directa, como el de Silleda, permiten un ahorro de costes del 30%. Los bomberos reclaman que la gestión de las emergencias se realice en Galicia de forma conjunta para conseguir un servicio "homogéneo, completo y coordinado".

El Gobierno provincial solicitará un informe sobre el coste económico de la recuperación del servicio, a lo que la Xunta también deberá dar su opinión por su presencia en el consorcio. La Diputación se comprometió a no licitar de nuevo este servicio, cuyo concurso fue paralizado al final del pasado mandato cuando el Tribunal Central de Recursos Contractuales decidió anular el pliego de condiciones que se había elaborado.

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