El alcalde, Xulio Ferreiro, rechaza imponer sanciones en materia de seguridad ciudadana, capacidad que le otorga en uno de sus artículos la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. El regidor coruñés admitió esta mañana que descarta hacer uso de esta competencia tras una reunión de la Junta Local de Seguridad, aunque admite que mantiene la "cuestión abierta" con la posibilidad de analizarla a fondo.

El artículo 32.3 de esta ley, conocida como ley mordaza, reza que los alcaldes "podrán imponer sanciones y adoptar medidas prevista en esta ley cuando las infracciones se cometieran en espacios públicos municipales o afecten a bienes de titularidad local".

En la reunión, a la que asistió el subdelegado del Gobierno en Galicia, Jorge Atán, se debatieron también asuntos como el control de los espectáculos pirotécnicos y las competencias de la Policía Local y la Guardia Civil en seguridad vial y se comentaron los datos sobre criminalidad en la ciudad hasta el pasado mes de septiembre. Atán señaló que se produjo "una bajada generalizada en los delitos de más gravedad".