Los alcaldes están capacitados desde el pasado mes de julio para imponer sanciones a quienes cometan infracciones recogidas en la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. Esta posibilidad legal no entra en los planes del regidor coruñés, Xulio Ferreiro, a quien el subdelegado del Gobierno en Galicia le ofreció ayer asumir la competencia para sancionar. El alcalde señala que las atribuciones para multar que tiene el Ayuntamiento "son suficientes", por lo que en principio rechaza penalizar actos contra la seguridad ciudadana tipificados en esta ley, si bien admite que deja la cuestión "abierta".
"La primera valoración es que este Concello no tiene intención de asumir competencias sancionadoras, aunque es algo que ya se valorará", se limitó a decir Ferreiro a la conclusión de una reunión de la Junta Local de Seguridad celebrada en el palacio municipal.
La llamada ley mordaza, que entró en vigor el 1 de julio, establece que el Ministerio del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, los delegados del Gobierno en las comunidades y las autoridades autonómicas son los órganos con competencia para sancionar. En el artículo 32.3 señala que los alcaldes también "podrán imponer sanciones y adoptar medidas prevista en esta ley cuando las infracciones se cometieran en espacios públicos municipales o afecten a bienes de titularidad local". Ferreiro descarta esta posibilidad tras debatir ayer la aplicación de la ley con el subdelegado del Gobierno, Jorge Atán, y otros responsables en seguridad.
La ley recoge 44 infracciones catalogadas según su carácter. Son muy graves, por ejemplo, la celebración de manifestaciones no comunicadas en instalaciones donde se prestan servicios básicos para la comunidad o la proyección de haces de luz sobre los conductores de medios de transporte. Entre las graves están la perturbación del desarrollo de concentraciones lícitas o causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos con mobiliario urbano, vehículos, contenedores. neumáticos. Tienen carácter leve dañar bienes muebles o inmuebles de uso público o la realización o incitación a la comisión de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual. Las sanciones van desde los 600.000 euros a los que pueden llegar las más graves a los 600 euros que tiene el importe máximo de las leves.
En el transcurso de la Junta Local de Seguridad se puso de relieve el "descenso generalizado" en los delitos e infracciones de más gravedad en lo que va de año. La caída más destacada, según apuntó Atán, es del 66,67%, y corresponde a los robos con fuerza en pisos, categoría que creció en la ciudad de forma alarmante el pasado año. El subdelegado del Gobierno cifró el descenso en más de 200 denuncias: de 303 entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2014 a 101 en el mismo periodo de este año. "Estos datos mantienen la ciudad como una de las más seguras de Europa", destacó el alcalde.
También bajaron los delitos por malos tratos (un 16%) y contra la libertad sexual (un 24%). Pero hubo un incremento del 18% de las estafas cometidas con tarjetas de crédito. Los hurtos y las infracciones con lesiones también crecieron, un 5,5% y un 2,3% respectivamente.
La reunión sirvió también para delimitar competencias en materia de tráfico entre la Policía Local y la Guardia Civil. Lo que no se trató, según admitió Atán, fue la realización de simulacros en instalaciones deportivas o para espectáculos, como demandan sindicatos policiales.
